Un grupo de familiares en representación de unos 900 «presos políticos» protestaron este domingo en Caracas para exigir la liberación de sus seres queridos en estas navidades.
En Venezuela hay al menos 889 «presos políticos», según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de estos casos, aunque otras organizaciones estiman más de 1.000. Defensores de derechos humanos advierten patrones sistemáticos de persecución política que incluyen «detenciones arbitrarias» y «desapariciones forzadas».
«Estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría», exclamó Diego Casanova, uno de los voceros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Los manifestantes instalaron una gran mesa de Navidad con copas, velas, cubiertos y platos, encima de los cuales distribuyeron cientos de esferas con nombres de sus familiares detenidos.
En las escaleras de la Plaza Bolívar de Chacao, bajo una estatua del prócer de Venezuela, Simón Bolívar, desplegaron pancartas junto a decenas de fotos de detenidos.
«Pensar no es delito, aislarlos y torturarlos sí lo es»; «no más represión, no más desaparecidos, no más tortura»; «liberen a los adolescentes injustamente detenidos», indicaban algunos de los panfletos.
Jackeline Sandoval pide la liberación de su esposo, Rolando Guevara y de sus cuñados Juan y Otoniel, presos desde 2004 en un cuestionado caso que acabó con sentencias de casi 30 años de prisión para cada uno.
«Siempre pedimos el cumplimiento de la justicia. No pedimos nos regalen, no pedimos que hagan nada ilegal, sencillamente ninguno de ellos ha debido estar detenido y por eso seguimos y no nos cansamos de pedir justicia», comentó Sandoval a la AFP.
En septiembre una misión de expertos de la ONU alertó sobre el endurecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses.
Este sábado la policía de inteligencia se llevó de su domicilio a Nicmer Evans, director del medio independiente Punto de Corte, y dos semanas atrás ocurrió lo mismo con el secretario general del mayor sindicato del país, José Elías Torres. Sus familias denuncian «desaparición forzada».
bc/pgf/nn
