La audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados en el caso Calamar, que inició este día a las 9:00 a. m., fue aplazada para el próximo miércoles a esa misma hora.
Se trata de otra ocasión en que aplazan la audiencia, ya que el martes de esta semana lo hicieron con el objetivo de que darle la oportunidad a la defensa de los imputados de preparar su medio de defensa.
En el caso figuran como imputados exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
¿Por qué se aplazó?
La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó la decisión luego de que al tribunal acudieran abogados, quienes representan a nuevos querellantes del caso que menciona a Gustavo Montalvo, Simón Lizardo, Donald Guerrero, Angel Lockward y José Ramón Peralta en el expediente de la operación Calamar.
Durante la audiencia se discutió si serían admitidas o no las evidencias, según informó el abogado Carlos Mesa, que representa a uno de los querellantes, y quien manifestó que en el caso de su cliente fue admitida la querella, que fue depositada en el 2021 ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
