En la solicitud de audiencia para imponer medidas de coerción y declarar la complejidad del caso relacionado con la Operación Camaleón, el Ministerio Público acusa a una red de corrupción dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) de adjudicar contratos millonarios sin los requisitos técnicos necesarios. Según la acusación, esta organización criminal estaba compuesta por funcionarios, exempleados y empresarios, quienes habrían manipulado los procesos de licitación para beneficiar a empresas de carpeta.
El Ministerio Público afirma que desde el INTRANT se elaboró un «traje a la medida» para que el oferente, incluso, participara en la elaboración del pliego de condiciones del contrato de administración de la red semafórica del Gran Santo Domingo, lo que resultó en graves irregularidades.
Los implicados en este caso son el exdirector del INTRANT, Hugo Beras, junto a los empresarios José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani, y Carlos José Peguero, además de las empresas Transcore Latam, Aurix SAS, e INSOPROL SRL.
El documento presentado sostiene que los acusados habrían recibido sobornos y usurpado funciones del INTRANT, instalando cámaras de seguridad en sectores de Santo Domingo sin la debida autorización y accediendo a información confidencial del Ministerio de Defensa. Además, señala que introdujeron al país equipos de inteligencia y adulteraron armas de fuego, violando las normativas de seguridad nacional.
La PEPCA destaca que estos actos permitieron a la organización criminal obtener acceso a información sensitiva del Estado y poner en peligro la seguridad del país mediante contratos irregulares firmados con el Ministerio de Defensa en junio de 2020.
