El Ministerio Público y el abogado querellante en el supuesto caso de corrupción Operación Calamar, Francisco García, confirmaron este viernes que de los 20 imputados en el caso, 10 han admitido su culpabilidad tras negociar para obtener una medida de coerción menos gravosa.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), confirmó la información. Los diez que han admitido culpabilidad son: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Este viernes, después que el Ministerio Público terminó de leer el expediente de 2,120 páginas, la audiencia avanzó con la participación de los 10 citados y sus defensas material y técnica. Pero pasadas las 8:00 de la noche, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó la audiencia para el domingo a las 9:00 de la mañana, por agotamiento físico de todos los actuantes en el caso.
Esta admisión de culpabilidad está condicionada a una negociación previa con el Ministerio Público, según explica el jurista Francisco García, que representa a la familia Gatón, una de las estafadas por el supuesto entramado de corrupción, que -según la Pepca- utilizaba terrenos adjudicados por el Estado pendientes de pago para agenciarse dinero público usando métodos irregulares.
El abogado dijo también que, declararse culpable implica una flexibilidad en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, que en vez de pedir prisión preventiva optará por el arresto domiciliario.
El Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo contra todos los encartados, situaciones que podría variar para quienes se declaren culpables y pasar a arresto domiciliario, impedimento de salida garantía económica.
Acusación
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros. El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos.
Además de los que se declararon culpables, por el caso son acusados los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, forman parte de los detenidos desde la noche del pasado sábado 18 de marzo. También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que fue resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando por algunos de los apresados.
Abogados de Gonzalo Castillo
La abogada Laura Acosta, representante legal del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, consideró que «la audiencia de hoy fue un guion buen hecho».
Entiende que las diez personas que colaboraron con el Ministerio Público tienen derecho a hacerlo.
«A Gonzalo Castillo esas diez personas que colaboraron no le afectan, porque ninguna los mencionó, salvo el señor Ángel Lockward, quien dice que una persona -Fernando Crisóstomos- le dijo que Donald Guerrero le dijo que eso era para la campaña de Gonzalo Castillo», puntualizó Acosta.
Entiende que Lockward está contradiciendo declaraciones que había dado públicamente.
Asimismo, Luis Rivas, también abogado de Castillo, aseguró que este no tiene que negociar con nadie porque es inocente.
