SANTO DOMINGO, RD – El doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, disertó este viernes sobre la propuesta de creación del Ministerio de Justicia y sus implicaciones directas para el sistema penitenciario dominicano. Su exposición tuvo lugar durante la Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana.
Peralta Romero estructuró su ponencia en tres ejes principales: la ola de reformas penitenciarias, los antecedentes del Ministerio de Justicia y el contenido de la propuesta actual, haciendo énfasis en el lugar que ocuparía el sistema carcelario.
Un sistema penitenciario en crisis y el nuevo modelo
El consultor jurídico inició su intervención señalando que la reforma del sistema penitenciario dominicano es un proceso relativamente reciente. Durante un siglo, este sistema se rigió por el Código Penal de 1884, influenciado por el código napoleónico francés. Aunque el Nuevo Modelo Penitenciario se implementó a partir de 2004 con «logros puntuales», no ha logrado resolver los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento y descontrol en las prisiones dominicanas.
Destacó que, bajo el actual gobierno, se emitió la Ley núm. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional y crea la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Esta dirección, que históricamente ha dependido de la Procuraduría General de la República, vería un cambio significativo con la creación del nuevo ministerio. Peralta Romero enfatizó que la administración penitenciaria no siempre recayó en el Ministerio Público a lo largo de la historia política y jurídica del país.
El resurgimiento de un ministerio histórico
En un breve recuento, Peralta Romero recordó que el Ministerio de Justicia nació con la primera Constitución dominicana en 1844. Esta figura se mantuvo, con algunas intermitencias, por más de un siglo, hasta que fue suprimida por la Ley núm. 485 el 10 de diciembre de 1964, durante el Triunvirato, transfiriendo la mayoría de sus funciones a la Procuraduría General de la República.
El posible retorno de este Ministerio ha sido objeto de diálogo político y social por dos décadas, reavivándose en los últimos años gracias al impulso del presidente Luis Abinader. La propuesta ya fue introducida en el Congreso Nacional en febrero de 2023 y aprobada por el Senado en junio pasado, luego de la reforma constitucional de 2024. Esto significa que la iniciativa «cada vez está más cerca de convertirse en ley», esperando solo su conocimiento en la Cámara de Diputados.
Peralta Romero subrayó que de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, solo Ecuador, Nicaragua y República Dominicana mantienen las labores administrativas de gobierno en el ámbito de la justicia en manos del Ministerio Público.
Implicaciones para el sistema penitenciario dominicano
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo concluyó que la creación del Ministerio de Justicia busca «rescatar una figura del diseño institucional original del Estado dominicano, incorrectamente suprimida». Su objetivo es que renazca como una entidad «bien diseñada y coherente con el resto del ordenamiento jurídico», dotada de las herramientas necesarias para abordar las necesidades de la población, particularmente en el sistema penitenciario.
Con la creación de este Ministerio, la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional recaería directamente en esta nueva entidad, apoyándose en las figuras del ministro de Justicia, el viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales, y el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales tendría, entre sus funciones, la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional, el diseño y supervisión de políticas públicas penitenciarias y de reinserción social, y la función de enlace del Poder Ejecutivo con organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales coordinaría la ejecución y el seguimiento de los servicios, bajo las directrices del nuevo Ministerio.
Además, la propuesta legislativa organiza un nuevo Sistema Penitenciario y Correccional para la coordinación interinstitucional de las políticas públicas, creando un espacio de intercambio que reunirá a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector.
