SANTO DOMINGO.— El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que las recaudaciones por la explotación de minas y canteras superaron los RD$20 mil millones entre enero y julio de 2025. Esta cifra, que se proyecta que excederá los RD$30 mil millones al cierre del año, representa un aumento de 131% con respecto a las estimaciones presupuestadas.
“La minería ha demostrado ser un pilar de la estabilidad económica. En los últimos cinco años, el sector ha aportado más de RD$99 mil millones a las finanzas públicas”, afirmó Santos.
Crecimiento récord en exportaciones e inversión
El dinamismo del sector también se reflejó en el comercio exterior, con exportaciones mineras que acumularon US$1,043.2 millones hasta junio de 2025, un crecimiento interanual del 42%. En este período, la minería representó el 32% de las exportaciones nacionales.
Además, la minería captó US$419.5 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre del año, lo que equivale a un crecimiento interanual del 437.8%. Según el Banco Central, los sectores de energía y minería concentraron el 40.2% de la IED nacional.
El ministro recordó que el oro se mantiene como el principal producto de exportación del país, lo que ha consolidado una fuente estable de divisas y de aportes fiscales.
Hacia una minería sostenible con la nueva ley 146-71
El ministro Santos subrayó que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional la Ley de Minería 146-71, con el propósito de modernizar y fortalecer el marco legal del sector. “La modernización de la Ley 146-71 será clave para seguir impulsando una minería responsable, sostenible y alineada con los estándares internacionales”, explicó.
Asimismo, resaltó la importancia de que la minería fortalezca su vínculo con las comunidades a través de la creación de empleos y programas sociales, asegurando que los beneficios se traduzcan en bienestar directo para las familias.
Pedro Esteva, presidente de la Cámara Minera Petrolera (Camipe), coincidió con el ministro, destacando que el crecimiento del sector no solo se traduce en ingresos para el Estado, sino también en la generación de empleos de calidad, confianza y transparencia.
