Santo Domingo. – El Ministerio Público (MP), a través de su portal digital ha colocado a disposición del público los expedientes y acuerdos realizados en los procesos judiciales de los casos de corrupción que se están llevando a cabo.
Uno de estos casos es la llamada operación Calamar donde el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2019, Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) es uno de los principales colaboradores del Ministerio Público en este caso, lo que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), describe como una colaboración eficaz.
«El procesado Ramón Emilio Jiménez Collie, ha colaborado de manera efectiva en la investigación en este entramado de corrupción Instaurado por los acusados Ángel Donald Guerreo Ortiz, José Ramón Francisco de Jesus Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero y compartes, por lo que a juicio del Ministerio Público y conforme la normativa procesal vigente, procede la aplicación de oportunidad dispuesto en el artículo 370 de la norma referida en relación a las imputaciones concretadas», especifica el documento de la PGR.
El documento también señala que Mimilo Jiménez, juntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de setecientos quince millones de pesos (RD $ 715,000,000.00), pagadero mediante modalidad de efectivo y bienes que el Ministerio Público de manera expresa acepte como satisfactorio para los fines de decomiso.
Igualmente especifica que se ha comprometido a continuar cooperando en la investigación del proceso y a testificar con respecto a la información que conoce a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano ya que se tomó como punto de partida para otorgarle un criterio de oportunidad en su favor por su arrepentimiento, su colaboración que él ha declarado que nace de la necesidad de resarcir el daño por las acciones ilícitas objeto del presente criterio de oportunidad.
