San Salvador.– El modelo de megacárceles impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele gana terreno en América Latina, donde más de una decena de gobiernos han planteado construir centros penitenciarios de gran capacidad para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas cuestionan que estas instalaciones representen una solución sostenible para la crisis de seguridad de la región.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 en El Salvador, se ha convertido en el principal referente de esta tendencia. La prisión tiene capacidad para albergar hasta 40,000 personas y actualmente mantiene alrededor de 15,000 reclusos, bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento.
Las imágenes de internos rapados, uniformados y vigilados por agentes fuertemente armados han convertido al recinto en uno de los símbolos más reconocibles de la política de seguridad de Bukele.
No obstante, expertos consultados por Deutsche Welle (DW) advierten que trasladar este modelo a otros países sin considerar sus particularidades puede generar problemas económicos, penitenciarios y de derechos humanos.
El tamaño no garantiza mejores resultados
El criminólogo peruano José Luis Pérez Guadalupe, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, recuerda que las grandes concentraciones de presos ya existían en América Latina antes del CECOT, principalmente como consecuencia del hacinamiento.
Como ejemplo cita el penal de Lurigancho, en Lima, diseñado para unos 3,000 internos, pero que durante años ha albergado cerca de 11,000 personas.
La especialista chilena Olga Espinoza, académica de la Universidad de Chile, considera problemático asociar las megacárceles exclusivamente con instalaciones de máxima seguridad, porque eso supone aplicar medidas extremas a toda la población penitenciaria, independientemente del nivel de peligrosidad de cada interno.
Espinoza sostiene que estos establecimientos requieren inversiones elevadas en infraestructura, tecnología, personal especializado, controles anticorrupción y programas de reinserción social.
También advierte que reunir a personas con distintos perfiles criminales en un mismo recinto puede favorecer la formación y expansión de organizaciones delictivas dentro de las prisiones.
En América Latina existen antecedentes de grupos criminales que fortalecieron sus estructuras desde los centros penitenciarios, como el Tren de Aragua en Venezuela, Los Lobos y Los Choneros en Ecuador, y el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho en Brasil.
Costos y riesgos de las grandes prisiones
Renato Rivera, analista sénior de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, señala que no existen pruebas suficientes para afirmar que construir una sola prisión de gran tamaño resulte más económico que desarrollar varios centros penitenciarios.
Pérez Guadalupe recuerda que las recomendaciones internacionales favorecen establecimientos de dimensiones moderadas, con capacidad aproximada para entre 1,000 y 2,000 internos, debido a los riesgos de despersonalización y violencia asociados a las grandes concentraciones de reclusos.
Como ejemplo menciona las masacres ocurridas en 2021 en las cárceles más pobladas de Ecuador, que evidenciaron las dificultades para controlar instalaciones penitenciarias de grandes dimensiones.
Seguridad y cuestionamientos sobre derechos humanos
Los especialistas reconocen que las detenciones masivas en El Salvador han coincidido con una fuerte reducción de la violencia y un aumento de la percepción de seguridad entre la población.
Sin embargo, ese resultado también está acompañado de denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal, según los datos citados en el análisis de DW.
Espinoza considera que el impacto político y simbólico de las megacárceles no garantiza resultados duraderos si no existe supervisión externa, protección de los derechos humanos y programas efectivos de rehabilitación.
Pérez Guadalupe, por su parte, cuestiona la utilización de imágenes de reclusos como instrumento de propaganda y sostiene que el Estado debe mantener una conducta ética incluso frente a quienes han cometido delitos.
¿Puede exportarse el modelo salvadoreño?
Para los expertos, la experiencia de El Salvador responde a circunstancias particulares, entre ellas la presencia histórica de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, así como el elevado número de detenciones realizadas bajo el régimen de excepción.
Por esa razón, consideran que reproducir el esquema en otros países sin evaluar sus sistemas judiciales, penitenciarios y condiciones de seguridad podría generar resultados distintos a los esperados.
La discusión, según Pérez Guadalupe, no debería limitarse a determinar dónde permanecerán encarceladas las personas condenadas, sino también a establecer en qué condiciones regresarán a la sociedad, ya que la mayoría terminará cumpliendo su condena.
Alternativas a las megacárceles
Entre las alternativas mencionadas figuran las Reglas Mandela de Naciones Unidas, actualizadas en 2015, que establecen estándares para garantizar la dignidad de las personas privadas de libertad, prohibir la tortura y los tratos degradantes y promover la reinserción social.
También existen experiencias regionales como el modelo APAC de Brasil, basado en centros penitenciarios sin guardias armados y con un enfoque de rehabilitación, así como mecanismos de prevención y resolución de conflictos aplicados en Argentina y México.
Los especialistas coinciden en que los centros de máxima seguridad pueden ser necesarios para personas con perfiles de alta peligrosidad, pero recomiendan que sean instalaciones de menor tamaño y con una clasificación adecuada de los internos.
Finalmente, advierten que las cárceles actúan principalmente sobre las consecuencias del crimen organizado, pero no eliminan sus causas. La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades requieren políticas de empleo, educación e integración comunitaria para reducir las condiciones que favorecen la expansión de la delincuencia.




