SANTO DOMINGO.– Un total de 314 personas requeridas por la justicia se han entregado voluntariamente a la Policía Nacional desde mediados de agosto hasta este 19 de octubre, informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La funcionaria explicó que las entregas forman parte de las acciones desarrolladas por las autoridades para localizar a personas contra quienes existen órdenes de arresto pendientes por distintos procesos judiciales.
“Tenemos a la fecha, 19 de octubre, 314 personas que se han entregado de manera voluntaria a las autoridades”, expresó Raful.
La cifra se produce en momentos en que la Policía Nacional registra 53,877 órdenes de arresto pendientes, vinculadas con casos que incluyen homicidios, agresiones, violencia intrafamiliar, asaltos y robos, entre otras infracciones.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por la institución policial, dentro de ese universo existen personas con más de una orden o registro asociado a distintos procesos.
Raful indicó que, una vez entregadas, corresponde al Ministerio Público continuar las actuaciones judiciales y determinar las acusaciones o procedimientos aplicables en cada expediente.
“El Ministerio Público es un poder independiente y las acusaciones tienen que ser sometidas por ellos, de cualquier persona, sea civil, policial o un hecho que esté fuera de la ley”, manifestó.
La ministra sostuvo que las acciones de las autoridades buscan que las personas requeridas comparezcan ante las instituciones correspondientes y que los procesos continúen conforme a la legislación.

También destacó la necesidad de que las transformaciones institucionales vinculadas a la seguridad y la persecución del delito se desarrollen respetando los derechos de las personas y los procedimientos establecidos.
Raful afirmó que el objetivo es fortalecer el Estado de derecho y procurar que los casos pendientes sean conocidos por las autoridades competentes.
La existencia de una orden de arresto o la entrega voluntaria de una persona no implica por sí misma culpabilidad, ya que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades penales en cada caso.




