Santo Domingo.- En territorio dominicano, por cada opción de escuela pública que tiene un niño para procurar su educación preuniversitaria, existen siete bancas de apuestas en las que pudiera jugar a cualquier cosa basada en el azar.
El cálculo se hace a partir de las estadísticas oficiales del período escolar 2022-2023 del Ministerio de Educación, que cuenta en la actualidad con 7,839 centros educativos correspondientes al sector público. Mientras, la Encuesta Nacional de Mipymes, presentada la semana pasada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), contó la operación de 56,933 bancas de apuestas, entre formales e informales.
Ahora bien, al contarse los colegios privados la cantidad de centros ascendería a 10,567. Entonces, comparado con el número de bancas, funcionan cinco por cada casa de estudios.
Otra forma de ver la manera en la que las bancas de apuestas proliferan y prosperan en la vida social dominicana es la distancia. Cada 850 metros, en promedio nacional, existe uno de estos establecimientos de juegos de azar. No obstante, hay que recorrer, en teoría, 4.5 kilómetros para llegar a un centro educativo público o privado, en promedio nacional.
La distancia se ha tomado en promedio, porque el Ministerio de Educación no cuenta con un promedio ponderado de la distancia a las que se encuentran sus escuelas. Además, no existe una norma que establezca la distancia entre una escuela y otra.
“Más que la distancia, el criterio que se toma en cuenta es la demanda que exista en la zona o lugar donde empieza a operar un centro educativo”, señaló un portavoz del Ministerio de Educación.
La potencia de los juegos de azar se nota en las cifras que presenta la Dirección General de Impuestos Internos para sus recaudaciones mensuales a las compañías formales. Cada mes, el denominado impuesto a los juegos de azar y premios levanta 307.9 millones de pesos DOP, al cierre del 31 de marzo de 2024, con un crecimiento sostenido de 3% en comparación con marzo de 2023, lo que proyecta una expansión anual de 30%.
Además, el Estado ha sido agente de promoción de los juegos de azar. Hace casi un mes el Ministerio Público acusó a un exministro de Hacienda de encabezar una red de cobro de sobornos hacia establecimientos que instalaron máquinas tragamonedas.
