Los franceses salieron a las calles este sábado por séptima vez, si bien en menor número, para protestar contra la reforma de pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron, rechazada por los sindicatos, que piden hacer una «consulta» mientras el proyecto avanza en el Senado mediante un procedimiento acelerado.
«¿Qué más hay que hacer?», se preguntó Philippe Martínez, líder de la combativa CGT, en declaraciones a la prensa desde la cabecera de la manifestación que recorrió esta tarde París, desde la Plaza de la República hasta la de la Nación.
Las manifestaciones se repitieron por todo el país, acompañadas de los paros y piquetes cuyos efectos se vienen notando durante toda la semana -especialmente desde el día 7, cuando se dio la última gran jornada de manifestaciones nacionales- en sectores como el transporte público, el tráfico aéreo, el energético y la recogida de basuras, que se acumulan en las calles de ciudades como París desde hace días.
Los sindicatos buscaban dejar claro este sábado que el malestar popular ante la reforma persiste, pero las manifestaciones fueron menos concurridas que en otras ocasiones.
De acuerdo a la CGT, en París se manifestaron hoy 300,000 personas, 200,000 menos que la última vez que se habían convocado protestas en sábado (11 de febrero).
El Ministerio de Interior rebajó la participación de la jornada a 48,000 personas en la capital y cifró en 368,000 los manifestantes a nivel nacional. Este último dato, para los sindicatos, superó el millón.
«Hoy la única cosa que podemos decir es: si (Macron) está tan seguro de sí mismo, que consulte a los franceses«, desafió el líder de la CGT, en respuesta a la postura inamovible adoptada por el presidente francés frente a los reclamos de los sindicatos, que esta semana pidieron, sin éxito, ser recibidos en el Elíseo.
De «negación del movimiento social» le acusó Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), también desde París.
Berger apeló igualmente a una consulta a los franceses -que según las encuestas están en contra del proyecto por clara mayoría- y advirtió al Gobierno de que «a fuerza de jugar con el fuego, se hacen tonterías».
«No es necesaria para nada. La evidencia es que, aunque todo el mundo esté en contra y diga que no servirá de nada y que no tiene razón de ser, el Gobierno se obstina. Quiere aprobarla y la hará aprobar», dijo a EFE Véronique, una francesa que acudió este sábado a la manifestación en París.
En París desfiló gente de todas las edades, incluso familias con niños que portaban carteles cuestionando que, a ese ritmo, sus hijos no se jubilarán hasta «los 80 años».
«(Macron) Se comporta como un emperador, se burla del pueblo», señaló a EFE Eric Le, un jubilado francés que protestaba hoy en solidaridad con los «jóvenes» y que acusó al Ejecutivo de gobernar para ricos y grandes empresas.
El debate prosigue en el senado
Pese al descontento, el debate del proyecto de ley prosiguió hoy en el Senado, con un procedimiento acelerado activado por el Gobierno que permite saltarse cientos de enmiendas presentadas por la oposición para bloquear la tramitación.
De esa forma, se busca evitar llegar al final del plazo que tiene el Senado -el domingo a la medianoche- sin que la cámara alta se pronuncie sobre la reforma, algo que ya ocurrió en la Asamblea Nacional en la primera lectura.
Esta estrategia ha sido objeto de duras críticas de la oposición de izquierdas, de los sindicatos y también de la ultra derecha, que rechaza igualmente el proyecto.
«Gobernar en la brutalidad para imponer una reforma que los franceses no quieren, he ahí su único objetivo», opinó este viernes la líder ultraderechista Marine Le Pen en Twitter.
El oficialismo, sin embargo, recibió hoy un balón de oxígeno de los conservadores de Los Republicanos -sus principales socios para aprobar la reforma, ya que el bloque macronista no tiene mayoría absoluta parlamentaria-, al retirar una de sus enmiendas estrella.
El principal eje de la reforma que promueve Macron es retrasar la edad mínima de jubilación dos años, de los 62 años actuales a los 64.
El Gobierno defiende los cambios como la única vía factible para garantizar el equilibrio financiero del sistema para 2030, ya que, si no se hiciera nada, estima que en una decena de años se acumularía un déficit de cerca de 150,000 millones de euros.
Tras el examen en el Senado, el proyecto deberá ser tratado en comisión mixta paritaria para alcanzar un acuerdo sobre un texto común, que luego deberán validar las dos cámaras.
Por ello, los sindicatos aún no ven la batalla perdida y se manifestarán de nuevo el próximo miércoles.
