Santo Domingo, RD. Las familias Mayol y Serrano, con más de un siglo de dedicación en el ámbito industrial, comunicaron al país a través de su equipo legal, el fraude que les afecta tras ser despojadas de las acciones de la empresa Costa Dorada, propietaria de más de 6,3 millones de metros cuadrados de terreno costero en Baní.
Se trata, denunciaron, de una situación grave que compromete no solo sus intereses familiares, sino también la integridad del sistema empresarial del país ante la tardanza del sistema judicial. La trama del fraude, descubierta en 2013, involucra la confección de múltiples contratos falsos y la sustitución de propietarios legítimos en el registro de la Cámara de Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
A pesar de las pruebas presentadas, que incluyen contratos firmados por individuos fallecidos, actas de defunción, y peritajes que demuestran firmas falsificadas, las familias Mayol y Serrano se encuentran el desamparo y sin la respuesta oportuna de la justicia.
El juez a cargo del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyó a los afectados del proceso, alegando que la querella debía ser presentada por la empresa denunciada como usurpada. Este fallo ignora la realidad de que la sociedad Costa Dorada está bajo el control de los infractores. Se han interpuesto recursos de apelación contra esta decisión, tanto por las empresas querellantes como por el Ministerio Público.
A la par, maniobras dilatorias, como la recusación de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, han obstaculizado el avance del caso. La demora de la Suprema Corte de Justicia en fallar sobre las recusaciones añade incertidumbre a la situación.
La presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha trasladado el juicio al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijando una audiencia para el 28 de noviembre. Esta medida contribuye a generar más incertidumbre y vulnera los derechos fundamentales de las familias Mayol y Serrano.
«El equipo legal de las familias afectadas insistió en la necesidad de alertar a la comunidad empresarial y a la opinión pública sobre lo que acontece.»
“Más allá de la lucha por las acciones en una empresa, lo que está en juego es la seguridad jurídica para todos los empresarios del país. La persistencia de esta situación podría sentar un peligroso precedente, afectando la confianza en el sistema legal y empresarial de la República Dominicana”, plantearon.
Las familias Mayol y Serrano, a través de sus abogados, manifestaron que reafirman su compromiso de enfrentar este desafío con determinación, no solo en su defensa sino también por el bienestar de la comunidad empresarial en la República Dominicana.
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