Un tribunal condenó este lunes a la cementera francesa Lafarge y a ocho antiguos directivos, acusados de financiación del terrorismo en 2013 y 2014, por haber pagado a yihadistas para mantener activa una fábrica durante la guerra en Siria.
La empresa, absorbida por la suiza Holcim, optó por preservar sus intereses económicos en una Siria sumida en el caos, de donde las demás multinacionales ya se habían retirado.
Lafarge realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el Estado Islámico (EI), por un importe de cerca de 5,6 millones de euros (6,5 millones de dólares al cambio actual), afirma el tribunal correccional de París en la sentencia.
Esto les permitió «preparar atentados terroristas», en particular los de enero de 2015 en Francia, añade.
«Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria, lo que le ha permitido financiar actos terroristas tanto en la zona como en el extranjero, especialmente en Europa», subrayó la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.
La empresa estableció una «asociación comercial con el EI», afirmó la magistrada, que hace hincapié en la elevada cantidad abonada.
Por estos hechos, el exdirector general de Lafarge, Bruno Lafont, fue condenado a seis años de prisión, con encarcelación inmediata. Otros siete exresponsables de la cementera recibieron penas que van de 18 meses a siete años de prisión.
Durante juicio celebrado entre noviembre y diciembre, la defensa trató de desmentir que su fábrica en Jalabiya permaneció activa por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de su millar de empleados.
