Por: Osvaldo Reyes
El inicio de la audiencia preliminar este lunes contra los propietarios de la discoteca Jet Set no es un trámite judicial más; es el eco de una herida que sigue abierta en el corazón de la sociedad dominicana.
A casi un año de aquella fatídica noche del 8 de abril de 2025, el país observa con lupa si el sistema de justicia será capaz de sentar un precedente real sobre la responsabilidad empresarial y la seguridad en espacios públicos.
La tragedia, que segó la vida de 236 personas durante un evento que debía ser de sano esparcimiento, desnudó una realidad aterradora: la fragilidad de las infraestructuras de entretenimiento bajo la mirada, a veces indiferente, de las autoridades de inspección.
El cargo de homicidio involuntario que enfrentan los hermanos Espaillat pone sobre la mesa una pregunta incómoda:
¿Cuántos establecimientos operan hoy en condiciones similares, priorizando el lucro sobre la integridad de sus clientes?
Más allá del castigo penal, este caso debe marcar un antes y un después en la fiscalización urbana. No basta con lamentar las pérdidas tras el desplome de un techo; la verdadera justicia radica en la prevención.
Las familias de las víctimas, que hoy se aglomeran en las afueras del tribunal del Distrito Nacional, no solo buscan culpables, buscan la garantía de que ninguna otra madre tendrá que identificar a su hijo entre los escombros de una pista de baile.
El juez Raymundo Mejía tiene en sus manos la oportunidad de enviar un mensaje contundente: la negligencia tiene consecuencias.
En una nación donde la vida nocturna es parte de nuestra identidad cultural, el cumplimiento de las normas de ingeniería y los protocolos de emergencia no pueden ser opcionales.
Hoy, el caso Jet Set pone a prueba la solidez de nuestras instituciones. La memoria de las 236 almas perdidas exige que la justicia no sea ciega, sino vigilante.
