NUEVA YORK, EE. UU. – Un juez federal en Nueva York ha suspendido la orden del gobierno de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 520,000 haitianos residentes en Estados Unidos. Esta decisión judicial representa un alivio temporal para la diáspora haitiana, permitiéndoles continuar viviendo y trabajando legalmente en el país.
El TPS es un programa que ofrece protección contra la deportación y el derecho a trabajar a extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura debido a guerra, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias».
El juez Brian Cogan dictaminó que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) actuó ilegalmente al intentar acelerar la expiración de estas protecciones legales, las cuales habían sido prorrogadas hasta febrero de 2026 bajo la administración del expresidente Joe Biden. La administración Trump había anunciado la cancelación de este aplazamiento en febrero de 2025.
Contradicciones sobre la situación en Haití
La decisión del juez Cogan se produce en un contexto de marcada contradicción sobre la situación en Haití. Golpeado por devastadores terremotos en 2010 y 2021, la nación caribeña ha sufrido décadas de inestabilidad política y, más recientemente, un alarmante aumento de la violencia por parte de pandillas y grupos armados.
La semana pasada, el DHS había anunciado que las deportaciones de haitianos bajo TPS comenzarían a inicios de septiembre, argumentando que la situación en el país «ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a sus hogares con seguridad». Sin embargo, este mismo departamento desaconseja actualmente a los ciudadanos estadounidenses viajar a Haití «debido a los secuestros, la delincuencia, los disturbios civiles y la limitada atención sanitaria».
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre la creciente inestabilidad en Haití, reportando que casi 1.3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de la violencia de las pandillas.
Base legal de la decisión judicial
La decisión del juez Cogan se produce poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo el 23 de junio, que permite la reanudación de las deportaciones de migrantes en situación irregular a países de los que no son originarios, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelaciones.
No obstante, el juez Cogan aclaró que su orden es legal y no se contrapone a la sentencia del máximo tribunal, ya que se basa en el ámbito de una ley procesal, un aspecto no abordado por el fallo de la Corte Suprema.
