Las firmas y empresas encuestadoras que se encuentren registradas ante la Junta Central Electoral (JCE) tendrán un plazo improrrogable de 30 días laborables para actualizar sus expedientes, de lo contrario, su habilitación para realizar mediciones políticas será revocada automáticamente.
La disposición está contenida en el nuevo reglamento dictado por el órgano electoral, el cual obliga a las firmas a renovar de manera obligatoria sus credenciales técnicas y legales cada año.
A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, la publicación de cualquier encuesta con fines electorales en los medios de comunicación deberá cumplir con un estricto protocolo de transparencia para garantizar la veracidad de los datos.
Protocolo
Las empresas están obligadas a revelar la denominación y el domicilio tanto de la entidad que realizó el trabajo de campo como de la persona u organización que lo financió o encargó, eliminando así el anonimato en el patrocinio de los sondeos.
Además de los tradicionales datos sobre el margen de error y el tamaño de la muestra, el nuevo reglamento exige que se publique el texto íntegro de las preguntas formuladas, el número exacto de personas que se negaron a contestar y el software utilizado para el procesamiento estadístico de la información.
También deberá figurar en cada gráfico o documento de difusión una leyenda con el número de registro oficial y la fecha de actualización otorgada por la JCE a la firma responsable.
El documento oficial advierte tajantemente que las empresas que publican encuestas sin estar debidamente registradas serán sancionadas por violación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral.
Para facilitar el escrutinio público, la Junta Central Electoral habilitará en su página web un espacio permanente con el listado oficial de todas las firmas autorizadas, garantizando que la ciudadanía y los partidos políticos puedan verificar su legalidad.
