Contreras explicó que sus defendidos ya habían sido interrogados en al menos dos ocasiones como parte de la investigación. Indicó, además, que se encuentra a la espera de reunirse con los fiscales responsables del proceso para conocer el curso de las diligencias y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de sus representados.
Los cirujanos ortopedas allanados la madrugada de este viernes en el marco del denominado caso SeNaSa 2.0 son investigados por la presunta facturación de servicios médicos que no habrían realizado, informó el abogado Jorge Contreras, representante de siete de los profesionales involucrados.
Contreras explicó que sus defendidos ya habían sido interrogados en al menos dos ocasiones como parte de la investigación. Indicó, además, que se encuentra a la espera de reunirse con los fiscales responsables del proceso para conocer el curso de las diligencias y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de sus representados.
El jurista señaló que los operativos también abarcan a personas vinculadas a dos cadenas de farmacias. De acuerdo con informaciones preliminares citadas por el abogado, cerca de 30 personas habrían sido detenidas durante las intervenciones realizadas por las autoridades.
Hasta el momento se han reportado allanamientos en varios puntos de país, incluido en Sánchez Ramírez y en Santo Domingo.
De acuerdo con informaciones remitidas a este medio, un testigo confirmó que una cantidad de policías irrumpieron las viviendas de algunos profesionales de la salud como parte de las operaciones. Los detenidos están siendo trasladados a la Procuraduría General de la República para ser interrogados.
Se recuerda que las primeras denuncias públicas sobre el entramado de irregularidades en SeNaSa tomaron notoriedad a partir de un reportaje de N Investiga, realizado por la periodista Nuria Piera, que expuso elementos que posteriormente dieron paso a investigaciones sobre el manejo de recursos de la institución que era dirigida en ese entonces por el Dr. Santiago Marcelo F Hazim Albainy.
Las autoridades indagan sobre presuntas irregularidades en la facturación de servicios médicos, emisión de recetas, reclamaciones de procedimientos inexistentes y falsificación de firmas para la sustracción de fondos públicos.
