Una fuerte preocupación se ha levantado en el sector turístico y de inversiones de la República Dominicana, especialmente en la zona de Punta Cana, debido a una aparente contradicción en la aplicación de la Ley 368-22 sobre el uso de suelo. Las acusaciones apuntan directamente al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, señalando que su postura ha generado parálisis en proyectos de inversión extranjera y local.
La polémica gira en torno al Artículo 24 de la Ley 368-22, que otorga a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes la potestad de planificar y gestionar el uso de suelo. Según las denuncias, actualmente existen 72 proyectos turísticos en Punta Cana en un limbo jurídico, representando inversiones proyectadas de miles de millones de dólares.
La crítica central es que los proyectos turísticos y urbanísticos de estos 27 distritos municipales deberían tramitarse directamente en sus respectivas juntas. Sin embargo, se sugiere que intereses encontrados habrían generado presión sobre el consultor jurídico, quien ha mantenido una postura que contradice la inmediatez de la ley.
Cabe destacar que el propio Antoliano Peralta ha confirmado públicamente que no se necesita un reglamento para la aplicación de esta ley, y que la misma está vigente desde diciembre de 2022, fecha de su promulgación.
Ante esta situación, diversos sectores hacen un llamado urgente a las autoridades para que la ley sea aplicada sin dilación. Advierten que la actual inseguridad jurídica que se está creando podría llevar al turismo y la inversión extranjera y local a un estado de caos, afectando negativamente el desarrollo económico del país.
