La inversión del gobierno en los programas sociales ejecutados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha mostrado una notable efectividad en la reducción de la pobreza monetaria, logrando un descenso del 2% durante el 2024. Este logro se alcanzó con un presupuesto inferior al de otras políticas sociales.
Así lo destacó el economista y viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Rolando Reyes, basándose en datos del Boletín de Pobreza Monetaria 2024.
Reyes subrayó que los subsidios otorgados mediante transferencias en especie —como la alimentación escolar y la entrega de utilería escolar gestionados por INABIE— redujeron la pobreza monetaria en ese 2% durante 2024, con una ejecución presupuestaria estimada en RD$34,200 millones.
“El costo por cada punto porcentual de aumento de pobreza evitado fue de RD$17,100 millones, inferior al de otros programas sociales”, precisó el viceministro Reyes. A modo de comparación, las transferencias monetarias como Supérate, Avanza y Aprende lograron evitar un aumento del 1.7% en la pobreza con un presupuesto de RD,294.1 millones por cada punto porcentual de pobreza evitado.
Estas cifras evidencian que los programas ejecutados por el INABIE no solo son una herramienta efectiva de apoyo escolar, sino también una política pública clave para mitigar la pobreza monetaria en hogares vulnerables, generando un impacto social directo y cuantificable.
La provisión diaria de alimentos nutritivos en los centros educativos públicos, junto con la entrega de útiles y uniformes, reduce significativamente los gastos esenciales de las familias y mejora las condiciones de permanencia escolar.
El análisis del viceministro también resalta la eficiencia de estas transferencias en especie en un contexto de limitaciones fiscales, posicionando al INABIE como una de las entidades públicas con mayor retorno social por cada peso invertido.
Estos datos respaldan el impacto positivo de los programas del INABIE en la reducción de la pobreza y reafirman su papel estratégico dentro del sistema nacional de protección social, contribuyendo al desarrollo equitativo y sostenible del país.
