El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que la investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) por presunta colusión y prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de la Competencia, involucra a personas que participaron en un proceso de compras públicas llevado a cabo en el año 2023, antes de la actual gestión.
Se trata de la licitación pública nacional identificada como INABIE-CCC-LPN-2023-0049, información que está contenida en la Resolución RII-DE-AAC-001-2026, emitida por ProCompetencia. Inabie indicó que continuará colaborando con las autoridades correspondientes, al tiempo que señalaron que los procesos desarrollados bajo la gestión actual se ejecutan conforme lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
La investigación En su resolución, RII-DE-AAC-001-2026, ProCompetencia identificó tres agentes económicos que participaron en dicha licitación. La investigación iniciada se realizó por presuntos indicios razonables de prácticas anticompetitivas. Los investigados son, Ana Esmeralda Santana y Santana de Nova, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana.
La conclusión preliminar presentada por el organismo, se basa en hallazgos durante el análisis de la documentación de la licitación, que señalan: uso de proveedores compartidos, como el mismo notario, misma empresa de control de plagas y mismo auditor, “demostrando la existencia de un centro de mando logístico y administrativo común”, indica la resolución.
Vínculos societarios entre los distintos oferentes: los agentes económicos mantienen de referencia comercial un mismo establecimiento “lo que indica un vínculo entre estos y una posible coordinación entre estos”. Igualmente, registran direcciones en común y se presume la posibilidad de que mantenga lazos familiares debido a que comparten un mismo apellido.
ProCompetencia, en su investigación declaró que “la repetición sistemática de estas coincidencias configuran un esquema de comportamiento que constituye un indicio razonable y suficiente para justificar el inicio de una investigación formal por la posible violación a la Ley General de Defensa de la Competencia”. Asimismo, la conducta investigada ha sido calificada de forma preliminar conforme al artículo 5, literal “b” de la Ley núm. 42-08 de Defensa de la Competencia, que “prohíbe expresamente concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subasta públicas”, apuntó la resolución.
