SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha reafirmado su compromiso de colaborar activamente con todas las investigaciones relacionadas con los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar iniciados en 2024. Este pronunciamiento llega tras un informe preliminar dado a conocer por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La institución ha explicado que ha respondido de manera puntual a cada una de las solicitudes de información realizadas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría, y asegura que hará lo mismo con cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la República (PGR).
Medidas proactivas: Cancelación de contratos y desvinculaciones
INABIE informó que, como medida proactiva, ha iniciado el proceso legal para cancelar aproximadamente 20 contratos firmados con diversos oferentes. Además, se ha dispuesto la desvinculación de 9 colaboradores que participaron en las licitaciones bajo investigación, incluyendo a los peritos responsables de las evaluaciones técnicas.
La entidad también recordó que fue su propia Dirección Ejecutiva la que solicitó a la DGCP y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades identificadas de forma preliminar en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, todos relacionados con la utilería escolar.
INABIE destaca que, hasta el momento, las evaluaciones realizadas a los procesos no han evidenciado afectación de derechos ni se han recibido impugnaciones por parte de los oferentes, ni en la institución ni en la DGCP. Como parte de estas medidas preventivas, se dispuso de inmediato la suspensión de la certificación de contratos con las empresas involucradas.
Un punto crucial es que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a los contratos de las empresas denunciadas en estos procesos, lo que salvaguarda los recursos públicos.
Desde 2022, el INABIE ha fortalecido sus controles internos y ha ejecutado diversas acciones para garantizar la integridad de sus procesos. Entre estas se incluyen la suspensión de más de 50 proveedores por hallazgos en distintas licitaciones, solicitudes formales de inhabilitación por falsedad de documentos, y el inicio de la instalación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para identificar de forma anticipada posibles prácticas contrarias a la ley.
