Santo Domingo, RD.- Las principales cadenas de supermercados del país elevaron un reclamo contundente ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC): suspender de inmediato el proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, al considerar que el expediente avanza con fallas tan profundas que se ha convertido en un procedimiento “jurídicamente insostenible” y que coloca al sector importador en un estado de indefensión incompatible con el debido proceso.
La comunicación, suscrita por Centro Cuesta Nacional (CCN), Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, sostiene que desde el inicio de la etapa investigativa la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y falta de información que impide evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Los importadores afirman que ni ellos ni el resto de los interesados han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, incluidos los anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencia que supuestamente sustenta el “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Esta ausencia, señalan, ha sido reconocida incluso por el propio Departamento de Investigación de la CDC, que admitió requerir aclaraciones adicionales.
La narrativa expuesta en el documento muestra que el problema es mayor que una simple falta administrativa:
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La descripción del producto bajo análisis —galletas dulces y saladas de casi todas las variedades imaginables— es, a juicio de los peticionarios, tan amplia que impide cualquier análisis serio sobre incrementos de importación, comportamiento de precios, competencia o impacto sectorial.
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El plazo para completar los formularios exigidos por la normativa vence el 25 de noviembre, pero los elementos indispensables para llenarlos —estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales— nunca fueron puestos a disposición de las partes. El resultado, insisten, es un bloqueo absoluto al derecho de defensa.
La preocupación es que las fallas no solo afectan a las empresas involucradas, sino que ponen en riesgo la legitimidad del proceso y la seguridad jurídica del país. Emitir una medida en estas condiciones, explican, podría vulnerar principios básicos como la igualdad ante la ley, la razonabilidad administrativa y la libertad de comercio.
Mientras la CDC valora la medida provisional solicitada por los fabricantes —un arancel extraordinario que podría llevar los derechos de importación hasta 87.1%—, crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación.
Los importadores solicitan que el Pleno de Comisionados suspenda de forma urgente y temporal el procedimiento hasta que se establezca con claridad qué productos se investigan, se entregue el expediente completo y se ajusten los plazos a la realidad. Para ellos, la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.
