Santo Domingo. – El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$10,000, impedimento de salida del país y presentación periódica a Eugenio Mauricio Álvarez, acusado de sustraer un vehículo de un dealer y posteriormente conducirlo en vía contraria por la avenida John F. Kennedy.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, quien además ordenó la puesta en libertad del imputado una vez cumplidos los requisitos establecidos por el tribunal.
De acuerdo con el expediente, Álvarez habría sustraído una Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport, ubicado en el sector Villas Agrícolas, y emprendió la huida por distintas vías del Distrito Nacional.
Durante el recorrido, el vehículo fue captado circulando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, una maniobra que quedó registrada en videos difundidos ampliamente en redes sociales y que generó preocupación por el riesgo para otros conductores.
Persecución terminó con recuperación del vehículo
La persecución concluyó en la intersección de las avenidas Winston Churchill y Charles Sumner, donde agentes de la Policía Nacional lograron interceptar al conductor y recuperar el vehículo.
Tras ser sometido a la justicia, el tribunal decidió no imponer prisión preventiva y estableció las medidas cautelares de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
Propietario cuestiona decisión judicial
La decisión provocó el rechazo de Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien manifestó inconformidad con la medida y aseguró que el incidente ocasionó pérdidas económicas a su negocio y puso en peligro a miembros de su familia.
“Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?”, expresó Rosario.
El comerciante sostuvo que tanto el establecimiento como los vehículos que comercializa representan años de esfuerzo familiar y reclamó respuestas frente a los daños que, asegura, dejó el incidente.
La imposición de medidas de coerción no constituye una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, sino que establece las condiciones bajo las cuales deberá permanecer vinculado al proceso mientras continúan las actuaciones judiciales.
