Samaná.– Un grupo de herederos de la finca de Ramona Calcaño presentó una querella disciplinaria ante la Inspectoría General del Ministerio Público contra la procuradora fiscal titular de Samaná, Erika Jennyfer Pujols Pujols, y la fiscal adjunta Anni Concepción, a quienes atribuyen presuntas actuaciones irregulares en el manejo de un prolongado conflicto por terrenos en esa provincia.
La acción fue depositada el 24 de junio y recibida oficialmente el 29 de junio, según informaron los representantes legales de los querellantes, los abogados Bunel Ramírez Merán, Fabián Mercedes Hernández y Maribelny Vásquez Suárez.
Los denunciantes representan a una docena de herederos que reclaman derechos sobre una propiedad de más de 10 millones de metros cuadrados, ubicada en la parcela 5-B del Distrito Catastral No. 6 de Samaná.
Alegan omisión en la investigación de denuncias
Según la querella, el conflicto por los terrenos se remonta a varias décadas y los derechos de los herederos habrían sido reconocidos por el entonces Tribunal Superior de Tierras y posteriormente ratificados por distintas decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
Los reclamantes sostienen que, entre 2023 y 2026, presentaron múltiples denuncias por presuntos hechos de violencia, amenazas, robo, falsificación de documentos, asociación de malhechores, suplantación de identidad y un supuesto secuestro con agresión física ocurrido en diciembre de 2025.
Afirman que esas denuncias no recibieron respuesta oportuna por parte de la Fiscalía de Samaná, pese a haber sido depositadas también ante instancias superiores del Ministerio Público.
Denuncian supuesto trato desigual
Los herederos aseguran que, mientras sus denuncias permanecían sin avances, procesos iniciados por personas vinculadas al conflicto fueron tramitados con mayor rapidez.
Como ejemplo, citan el caso de un encargado del terreno que fue arrestado y sometido a la justicia, pero posteriormente obtuvo libertad pura y simple luego de que un tribunal determinara que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
A juicio de los querellantes, esa diferencia de actuación podría constituir una vulneración de los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad que rigen la función del Ministerio Público.
Señalan presunto uso de documento irregular
Entre los hechos expuestos en la querella figura una denuncia presentada el 29 de mayo de 2026 contra una persona identificada como Henri Marte García, conocido como «Revolvón», a quien atribuyen el supuesto uso de un documento de representación que, según los denunciantes, incluiría firmas de personas fallecidas y de otra que habría negado haberlo suscrito.
Los querellantes sostienen que dicho documento habría sido utilizado para promover actuaciones judiciales relacionadas con el conflicto de los terrenos.
Solicitan investigación disciplinaria
La acción disciplinaria se fundamenta en disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que establecen el deber de los fiscales de actuar con objetividad, legalidad, eficiencia y responsabilidad.
En ese sentido, los denunciantes solicitaron a la Inspectoría General del Ministerio Público abrir una investigación disciplinaria, revisar las actuaciones realizadas durante los últimos años y determinar si existieron omisiones o actuaciones contrarias a la ley.
Hasta el momento de esta publicación, la Procuraduría Fiscal de Samaná y la Inspectoría General del Ministerio Público no han emitido una posición oficial sobre la querella disciplinaria.
Las afirmaciones contenidas en esta información corresponden a la denuncia presentada por los querellantes y no constituyen hechos probados. La eventual responsabilidad de las personas señaladas deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme al debido proceso.
