Hasta el año 2019, la vacunación cubierta por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) se realizaba mayormente en centros públicos, con solo dos prestadores privados autorizados. La política priorizaba los centros del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a los cuales únicamente se les reconocía el pago por la administración y aplicación de vacunas provistas gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública.
Las dosis del PAI se distribuyen a través de unos 1,400 puestos de vacunación a nivel nacional y son recibidas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS y se distribuyen gratuitamente por el Estado. Estas dosis permitieron alcanzar coberturas de entre 98 % y 100 % entre 2022 y 2024, con más de 12.3 millones de dosis entregadas sin costo.
En 2020, con el cambio de gestión, el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, creó de manera irregular y sin sustento legal el Comité de Contrataciones Médicas. Esta estructura paralela alteró los protocolos de evaluación y habilitación de prestadores, permitiendo contratar centros privados para vacunación sin los criterios técnicos establecidos.
De acuerdo con las investigaciones, esta alteración permitió que la estructura criminal aprovechara los mecanismos del programa nacional de vacunación para inflar estadísticas, facturar vacunas nunca aplicadas y apropiarse de fondos destinados a la salud preventiva.
El documento explica que los imputados manipularon los procesos de contratación, habilitación y aprobación de prestadores, direccionando decisiones para favorecer a centros privados vinculados al esquema.
Crecimiento desproporcionado del gasto (2021-2025)
El Informe General de Prestación de Servicios de Vacunas de Senasa (enero 2021 – septiembre 2025) revela un crecimiento abrupto en la demanda y los pagos realizados:
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Población usuaria impactada: Pasó de 16,768 personas en 2021 a 63,619 en 2023 (triplicándose).
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Autorizaciones médicas: Aumentaron de RD$50 millones en 2021 a más de RD$279 millones en 2023 (incremento del 453 %).
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Valor facturado: Alcanzó un pico de RD$465 millones en 2023, casi nueve veces más que en 2021.
El gasto total en vacunas entre enero de 2021 y septiembre de 2025 ascendió a RD$1,482,863,701.40. De este monto, RD$407,370,110.00 corresponden a vacunas pertenecientes al PAI, que debieron ser administradas sin costo para el sistema.
Además, se detectó que a los prestadores privados se les pagaba RD$200.00 por cada vacuna, pese a que estas provenían del PAI y no tenían costo de adquisición para el Estado.
Según el informe, las inconsistencias y alteraciones permitieron que SENASA destinara más de mil cuatrocientos millones de pesos a un esquema que facturó vacunas gratuitas, infló autorizaciones y multiplicó de forma injustificada el gasto en inmunización.
