PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ– El reloj implacable de la transición haitiana no perdona. A partir de este miércoles, 3 de diciembre, al Consejo Presidencial de Transición (CPT) le restan exactamente 67 días para agotar su mandato. Esta fecha límite proyecta una sombra de profundo temor sobre el país y una gran preocupación en la región, especialmente para la República Dominicana.
El decreto de fundación del CPT estipula que su mandato finaliza a más tardar el 7 de febrero de 2026. Entre sus objetivos principales figuran formar un Gobierno inclusivo, restaurar la seguridad y organizar elecciones presidenciales y legislativas para transferir el poder.
Lejos de avanzar hacia la estabilización, el Consejo se encuentra paralizado por una implosión interna que amenaza con dinamitar el proceso antes de que pueda cumplir su misión primaria.
El problema de la disputa central gira en torno a la continuidad del recién nombrado primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, cuya legitimidad y respaldo se han convertido en un nuevo foco de división. Este conflicto interno ocurre en el peor momento posible, transformando el límite de 67 días de un plazo de trabajo del CPT a un ultimátum para la estabilidad del país.
La lucha por el control del Ejecutivo, personificada en el pulso por el primer ministro Fils-Aimé, ha consumido un «tiempo de oro» que debió dedicarse a la seguridad y la gobernanza. Lo peligroso es que esta fractura interna exhibe una debilidad institucional que los grupos armados y la oposición podrían aprovechar para aumentar el caos.
La situación se agrava por la nula consecución de los objetivos fundamentales que justificaron la creación del CPT. El mandato del Consejo está intrínsecamente ligado a la creación de un marco electoral sólido, pero restando apenas 67 días, no solo no se han sentado las bases para las próximas elecciones, sino que la ausencia de un Consejo Electoral Provisional (CEP) funcional hace inseguro el proceso.
Para mayor evidencia, el propio Consejo Electoral Provisional (CEP), una instancia que el CPT debe establecer, ha propuesto una primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de agosto de 2026 y una segunda vuelta para el 6 de diciembre de 2026, lo que es notablemente posterior a la fecha límite del mandato del CPT.
La extrema violencia de las pandillas y el estancamiento político interno del CPT han dificultado el cumplimiento de sus objetivos, incluyendo la restauración de la seguridad necesaria para celebrar comicios justos y ordenados.
¿Qué es un vacío de poder?
Un vacío de poder es una situación política y social peligrosa que ocurre cuando no hay una autoridad o un poder claramente establecido, legítimo y efectivo capaz de ejercer el control de un Estado. En el caso de Haití, ocurriría si el acuerdo de transición del CPT no logra su objetivo de establecer un nuevo gobierno electo antes de que expire su propio mandato.
Postura de República Dominicana
Entiéndase bien cuál es el peligro que afrontaría Haití a partir del sábado 7 de febrero de 2026: si el mandato del Consejo expira sin haber instauradas las estructuras legal y de seguridad viables, el país se precipitará, inevitablemente, a un vacío de poder institucional completo.
Ante este escenario de incertidumbre crítica, el Gobierno dominicano debe centrarse en un par de acciones cruciales y sostenidas:
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Presionar a la Comunidad Internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que aceleren la implementación efectiva de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) y aseguren que el proceso electoral pueda llevarse a cabo de forma segura, incluso si esto implica una extensión o revisión del plazo del 7 de febrero de 2026.
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Continuar con la política de control migratorio firme y la repatriación de indocumentados, reafirmando que la solución a la crisis de Haití no será a costa de la seguridad y el orden de la República Dominicana.
