Guatemala compró a Estados Unidos más de 2,000 fusiles de asalto tras varias décadas de embargo a su ejército por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el pasado conflicto armado.
Estados Unidos bloqueó la venta de armas al país centroamericano en 1978 debido a las masacres que ocurrieron contra la población civil. Los informes de la verdad responsabilizaron al ejército y a grupos paramilitares del 97% de las muertes durante el conflicto (1960-1996).
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo asistió a la entrega del armamento y refirió en conferencia de prensa que “las razones por las que se decretó el embargo de venta de material militar en su momento fue por violaciones a los derechos humanos que eran cometidos en el marco del enfrentamiento armado”.
Aseguró que el país ha venido reconstruyendo su democracia y que en ese marco las fuerzas armadas han pasado por un proceso de “redefinición, reconversión y transformación”.
“El ejército de hoy es fundamentalmente distinto del ejército de 1978”, dijo Arévalo y afirmó que “esas condiciones ya estaban superadas”.
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, explicó que la decisión de Estados Unidos de venderle armas al ejército guatemalteco era el resultado de la confianza ganada como país y que las armas serían usadas para el combate contra el narcotráfico, especialmente en el departamento de Petén, fronterizo con México, una zona tomada por el crimen organizado, según las autoridades.
El armamento consiste en fusiles M4, el mismo que utilizan los marines estadounidenses, armas de alta gama que tiene un alcance de 600 metros con ráfagas de 700 a 905 disparos por minuto, según los expertos.
estallido de violencia
En diciembre de 2025 varios militares resultaron heridos en un estallido de violencia entre dos comunidades en el occidente de Guatemala, que incluyó un ataque a un destacamento militar y una comisaría.
En mayo pasado, el ejército repelió un ataque en la frontera con Honduras, donde varios hombres armados que se desplazaban en vehículos todo terreno intentaron ingresar al territorio guatemalteco en el municipio de Esquipulas, del departamento de Chiquimula, pero fueron repelidos tras un intercambio de disparos.
Mientras que en agosto, el Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas pidió al gobierno guatemalteco que su ejército tuviera más apertura de sus archivos sobre lo ocurrido durante la guerra, así como a no realizar construcciones en sus instalaciones porque víctimas del conflicto habían denunciado que allí habían fosas clandestinas.
