Madrid. –El Gobierno de España está ultimando un Real Decreto que establecerá un marco normativo para el sector de los influencers. El decreto, basado en una directiva europea, se espera que sea aprobado en los primeros Consejos de Ministros del próximo año.
La medida clave del decreto es la creación del «Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual», al que los influencers deberán inscribirse una vez aprobado el decreto. Esto les impondrá nuevas obligaciones, equiparables a las de la televisión y otras plataformas audiovisuales, en áreas como la protección de menores y la regulación de publicidad.
El último detalle por definir es el criterio para identificar a «usuarios de especial relevancia». En la consulta pública, se propuso un umbral de 500.000 euros de facturación y dos millones de usuarios en la plataforma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de llevar a cabo esta vigilancia.
La regulación también establecerá criterios para la protección de la infancia en los contenidos generados por influencers, prohibiendo acciones como incitar a menores a pedir compras a sus padres. Además, se enfocará en la transparencia de la publicidad, obligando a los influencers a identificar como tal cualquier contenido pagado o colaboración con una marca, siguiendo la práctica ya promovida por plataformas como Instagram.
Este paso regulatorio responde a preocupaciones previas sobre fraudes y prácticas engañosas en las redes sociales, incluyendo la venta de productos milagrosos y oportunidades de inversión. Las sanciones para incumplimientos oscilan entre 10.000 y 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad y los ingresos de la entidad infractora. Además, se prohíben contenidos discriminatorios y se establece la obligación de las plataformas de habilitar canales para denunciar publicidad encubierta.
El decreto, que ha sido recibido con satisfacción por asociaciones de consumidores y profesionales del sector, es un paso importante para garantizar la protección de los usuarios y la transparencia del mercado.
Todo el que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma de vídeo que abarcan desde TikTok e Instagram a Youtube y Twitch.
