Santo Domingo.– La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de toda actividad vinculada al Proyecto Romero, en la provincia San Juan, ha reactivado el debate nacional sobre el modelo minero del país. La medida ha generado reacciones divididas entre el sector empresarial, ambientalistas y actores políticos.
Gobierno apuesta por la prudencia y la escucha social
El mandatario justificó la suspensión como una acción responsable ante las inquietudes manifestadas por comunidades locales, especialmente por el posible impacto ambiental en una zona de alta sensibilidad hídrica y agrícola.
“Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad, y cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó Abinader. La disposición ha sido interpretada como una respuesta directa a la presión social y a las protestas en la región.
Sector minero advierte sobre seguridad jurídica
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) manifestó preocupación por las implicaciones de la medida en el clima de inversión. Según la entidad, la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) afecta la previsibilidad del sistema regulatorio.
Camipe advirtió que la decisión podría debilitar la confianza de los inversionistas y alterar la estabilidad del sector, que registró un crecimiento de 7.7 % en el primer trimestre de 2026. Además, reiteró la necesidad de una nueva Ley de Minería que garantice reglas claras, participación social y seguridad jurídica.
Ambientalistas piden una revisión estructural
Desde el ámbito ambiental, el especialista Luis Carvajal consideró que la decisión representa un avance, aunque insuficiente. A su juicio, el Proyecto Romero forma parte de un entramado más amplio de concesiones mineras en la región.
“Romero es solo un pequeño frente dentro de una concesión más amplia y de múltiples concesiones en la zona”, explicó. Carvajal destacó el papel de la presión social y subrayó la necesidad de abordar el debate desde una perspectiva integral que incluya el uso del suelo y la gestión del agua.
Sector empresarial plantea dudas institucionales
Por su parte, César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó su desacuerdo con la medida, señalando que genera incertidumbre sobre la solidez de los procesos institucionales.
“Estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia”, afirmó. No obstante, reconoció que la minería responsable puede representar una oportunidad si se gestiona con equilibrio social.
El Presidente @luisabinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la “detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero” pues plantea interrogantes sobre resguardar…
— Cesar Dargam (@cesardargam) May 5, 2026
