Puerto Plata. — Una profunda investigación de la Procuraduría General de la República, el Inacif y el Codia ha confirmado que todos los títulos, deslindes y traspasos dentro de la Parcela 10-D de Punta Rucia y Playa La Ensenada provienen de un fraude masivo.
Las autoridades advierten a inversionistas dominicanos y extranjeros que cualquier inversión en esta zona está en riesgo inminente de pérdida hasta que los tribunales resuelvan la situación.
El informe conclusivo de la Procuraduría, que consta de 37 páginas y 63 anexos, establece que una red delictiva falsificó la Resolución Administrativa No. 6321-6322 (supuestamente emitida en 1990) para crear falsos herederos del alemán Carlos López Westen.
Sin embargo, la investigación determinó que los verdaderos herederos fueron establecidos por sentencia desde el año 1968, mucho antes de la maniobra fraudulenta.
Hallazgos del Inacif: «Liquid Paper» y suplantación
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mediante el informe No. D-0156-2025, detectó alteraciones físicas graves en los documentos que sustentan los títulos:
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Uso de corrector (Liquid Paper): Se borraron nombres originales para escribir encima nombres de falsos herederos como Ismael López León y Nelson Antonio López Peralta.
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Inconsistencias caligráficas: Las páginas de las resoluciones presentan diferencias en tipología y color de tinta, evidenciando un montaje.
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Falsos herederos: La red llegó a «inventar» hijos y hermanos de López Westen en localidades como Neyba para reclamar más de 2 millones de metros cuadrados de terrenos de alto valor turístico.
Advertencia a inversionistas
Los abogados Amadeo Peralta, Pablo Arredondo Germán y Wenceslao Guerrero Disla explicaron que los títulos actuales en la Parcela 10-D se encuentran bloqueados por litis sobre derechos registrados.
Alertaron sobre supuestas «asociaciones de desarrolladores» que invitan a invertir en la zona, señalando que algunos de sus integrantes están vinculados a las falsificaciones.
«Quien invierta un peso en la Parcela 10-D está propenso a perder su dinero. Quien compró mal a los estafadores, tendrá que comprar dos veces», advirtieron los juristas.
El Ministerio Público ha remitido el expediente a la Dirección de Persecución para proceder con el sometimiento a la justicia de los implicados, calificando el hecho como un atentado grave contra la seguridad jurídica y el clima de inversión en la República Dominicana.
