Santo Domingo – La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, defendió este viernes los acuerdos entre imputados en casos de corrupción, como Calamar, Medusa, Pulpo y Coral, y el Ministerio Público.
Ortiz destacó que, aunque existan acuerdos, los colaboradores del Ministerio Público igualmente serán condenados por la justicia, poniendo como ejemplo el caso del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, quien fue condenado en el caso Pulpo tras hacer un trato con el órgano persecutor.
La jurista aclaró que los acuerdos no son ilegales y que este procedimiento no es exclusivo de la República Dominicana, citando ejemplos de países como Estados Unidos que realizan estos pactos con imputados en acciones criminales para someter y condenar a culpables mayores.
“En el caso Medusa hay más de 25 acuerdos con personas que fueron sometidas a la justicia, muchas de esas personas admitieron su responsabilidad y aceptaron la pena, van a salir condenados con penas además de la devolución del dinero”, sostuvo la fiscal.
Esta semana, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.
Desde 2020, el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”.
De igual manera, el Ministerio Público explicó que todos los acuerdos realizados se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, precisando que solo se han firmado acuerdos para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo categóricamente la realización de otros para recibir cesiones u obras futuras.
