SANTO DOMINGO, RD.– A pesar de ser calificado por diversas organizaciones internacionales como uno de los sistemas de partidos más débilmente institucionalizados de la región, la República Dominicana otorga uno de los subsidios estatales más altos a sus formaciones políticas. Tras las elecciones generales del año pasado (municipales, congresuales y presidenciales), los partidos recibieron una cifra récord de RD$ 5,041.6 millones del Estado para financiar sus actividades.
Según un estudio de Participación Ciudadana (PC), titulado «Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral», el país encabeza el financiamiento público a partidos tanto en periodos electorales como no electorales.
Financiamiento per cápita y desconexión con la ciudadanía
El análisis de PC revela que, por cada habitante, el Estado dominicano destina US$ 2.36 al año para el Financiamiento Público Ordinario (FPO) de los partidos (operación fuera de elecciones). Este monto supera al de países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y se encuentra US$ 1.28 por encima del promedio per cápita de América Latina, posicionando al país en el tercer lugar regional en esta categoría, solo detrás de Panamá y México.
En cuanto al Financiamiento Público Electoral (FPE), destinado a gastos de campaña, el país asigna US$ 6.40 por habitante en años electorales, ubicándose en la cuarta posición en América Latina, superado por Uruguay, Costa Rica y Panamá.
Gustavo Oliva, politólogo y sociólogo a cargo de la investigación de PC, explicó que esta alta dependencia de los recursos estatales genera una peligrosa desconexión entre los partidos y la ciudadanía. «Esa dependencia de los recursos del Estado hace al partido autónomo de la sociedad. Es un desincentivo para competir mejor e inhibe la innovación política», expresó Oliva, añadiendo que «sirven para engrasar estructuras clientelares».
Propuestas de reforma para un financiamiento sostenible
Para transformar esta situación, Participación Ciudadana propone cambiar los mecanismos de asignación, acceso y distribución del presupuesto público, buscando eficientizar y garantizar la sostenibilidad del financiamiento gubernamental.
La organización plantea dos mecanismos para reducir en torno al 30 % los subsidios ordinarios sin afectar la posición regional del país:
- Ingreso Nacional Plurianual (INP): Inspirado en el modelo panameño, vincularía el financiamiento a un 0.8 % fijo de los ingresos fiscales del año preelectoral, dividiéndolo equitativamente entre financiamiento ordinario y electoral. Esto podría generar un ahorro del 29.2 %.
- Indicador de Necesidades Básicas Satisfechas (INBS): Propone que cada voto válido se multiplique por el ingreso mínimo requerido para no ser pobre, lo que resultaría en una reducción del 25.6 % del FPO.
En cuanto al acceso y distribución, PC sugiere aumentar el umbral de acceso al financiamiento estatal al 1 % del total de votos válidos en las elecciones presidenciales, evitando así el reparto de recursos a partidos con representación insignificante (actualmente se incluyen desde el 0.01 % de los votos).
Para la distribución del financiamiento público, se propone un modelo mixto: el 50 % del monto se repartiría de forma igualitaria entre los partidos que superen el umbral, y el otro 50 % se distribuiría proporcionalmente al número de votos obtenidos. Actualmente, la Ley 33-18 asigna el 80 % a partidos con más del 5 % de votos, el 12 % a los que tienen entre 1 % y 5 %, y el 8 % a aquellos con entre 0.01 % y 1 %.
