La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo hoy que la entidad competente para realizar abordajes contra indocumentados es la Dirección General de Migración (DGM), desautorizando las recientes actuaciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón.
Riverón fue visto en un audiovisual en detención de niños haitianos que dormían en parques, tomándolos de la camiseta en la intención de repatriarlos. Además, otorgó un plazo para que los inmigrantes abandonen viviendas alquiladas en la localidad.
“La Dirección General de Migración es la entidad encargada y facultada para hacer los abordajes de inmigrantes en el territorio nacional”, dijo Raful. “Hay que dejar claro que eso es una actuación que solamente le compete a la Dirección General de Migración”, agregó.
Sostuvo que la institución, una dependencia de Interior, se encuentra en comunicación con el alcalde del municipio fronterizo, a la vez en que manifestó que realizan labores de control migratorio con un nivel de eficiencia comprobado.
Según comentó Raful, un total de 18,034 haitianos ilegales han resultado reconducidos a su país de origen este mes de mayo, a través de operativos en los que «se respetan los derechos humanos de todos los ciudadanos».
Así lo mostró en una rueda de prensa desarrollada en el Palacio de la Policía Nacional al mediodía del lunes, luego de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader.
Plazo de Riverón
Hoy las 4:00 de la tarde, vencía el plazo de cinco días otorgado por Riverón, a partir de lo cual se espera un despliegue de búsqueda y captura de extranjeros en la zona.
De acuerdo con reporteros de este diario, varios grupos de movimientos nacionalistas llegaron a Dajabón para brindar apoyo a Riverón por las medidas asumidas.
El alcalde sorprendió a varios menores haitianos y un adulto que dormían en el parque Juan Luis Franco Bidó.
Por este hecho, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) publicó un comunicado donde afirma que Riverón “violentó los protocolos establecidos para el abordaje de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o movilidad”.
Asimismo, habría incurrido en faltas con las disposiciones de la Ley 136-03 de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, “específicamente en lo relativo al derecho a la integridad personal y al traslado o retención ilegal de las personas menores de edad”.
