Lima, Peru.-El expresidente peruano Alberto Fujimori fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de «Barbadillo«, en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso «la inmediata libertad del favorecido» al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La decisión del TC ha generado una ola de reacciones en el país y en el extranjero. Los partidarios de Fujimori celebraron la decisión, que consideran como una victoria de la justicia. Afirman que Fujimori fue un presidente que salvó al país del terrorismo y que su condena fue injusta.
Los opositores a Fujimori, por su parte, condenaron la decisión del TC y la consideran como un acto de impunidad. Afirman que Fujimori es un criminal que debe pagar por sus crímenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2018 ordenó al Estado peruano que cumpliera la condena de Fujimori, también expresó su preocupación por la decisión del TC. En un comunicado, la CorteIDH recordó que la liberación de Fujimori «podría constituir un incumplimiento de la sentencia» que dictó en 2018.
La liberación de Fujimori es un acontecimiento histórico que tendrá un impacto significativo en la política peruana. Es probable que la decisión del TC genere nuevos debates sobre el pasado de Perú y sobre la justicia en el país.
En particular, la liberación de Fujimori plantea la siguiente pregunta: ¿es posible la reconciliación en Perú si los responsables de graves crímenes quedan impunes?
