Santo Domingo, R.D. – El nuevo director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dio un plazo de 30 días a los oficiales alcanzados por la ley para presentar su declaración jurada de patrimonio, bajo advertencia de destitución para quienes incumplan.
La medida pone bajo la lupa a los mandos policiales que, por las funciones que desempeñan, deben transparentar sus bienes e ingresos ante la Cámara de Cuentas.
No todos los miembros de la Policía Nacional están sujetos a este requisito. La Ley 311-14 dispone al jefe y subjefe de la institución, así como a los encargados departamentales y regionales, además de oficiales que ocupen posiciones de mando operativo o de administración.
Una revisión de los registros de la Cámara de Cuentas muestra que varios de los oficiales que recientemente cambiaron de posición dentro del organismo ya habían presentado información patrimonial. Sin embargo, esos documentos corresponden a distintos momentos de sus carreras y, en varios casos, fueron presentados cuando ocupaban cargos diferentes a los que desempeñan actualmente.
Nuevos mandos y sus declaraciones
El actual director general presentó su última declaración el 27 de febrero de 2026, cuando era inspector general.
En ese momento reportó un apartamento adquirido en el 2018 por 4 millones de pesos. También, dos cuentas de ahorros, una con 3,008,773.04 pesos y otra con 76,153.73 pesos, y un saldo pendiente de 1,392,191.87 pesos por un préstamo.
Para entonces declaró ingresos mensuales de 78,717.29 pesos por salario de rango y 200,000 pesos por el cargo. Ahora, su situación constituye uno de los puntos que deberá seguirse dentro del plazo otorgado por la institución.
El coronel Pedro Radhamés Marte Báez, designado director central de recursos humanos en los recientes cambios de Rodríguez García, reportó el 28 de febrero su último documento patrimonial que lo identificó entonces como subinspector general, adscrito a la Inspectoría General.
Entre sus bienes registró un vehículo Honda CR-V EX-L 4×4, año 2016, valorado en 1.26 millones de pesos, además de muebles y electrodomésticos por otros 165,000 pesos. También cuatro depósitos a plazo fijo por un total de 1.54 millones de pesos y 100,000 pesos en efectivo.
De Dintel a Policía Comunitaria
Otro de los oficiales que figura entre los recientes movimientos es el general Ángel María García Jaime, quien dejó la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) para asumir la Policía Comunitaria.
El 9 de marzo del 2026, cuando estaba al frente de la Dintel, presentó una declaración de inicio en el cargo con seis bienes adquiridos entre el 2020 y 2025, entre ellos un apartamento, una mejora, dos solares, dos parcelas y una residencia recibida mediante donación, con un valor conjunto de 22.6 millones de pesos.
Con su salida del departamento, el general Edgar Ramón Arnaud Volquez asumió esa dirección. Hasta el cierre de esta edición, no fue localizada una declaración patrimonial a su nombre en el portal de la Cámara de Cuentas.
De Regional Noreste a la Nordeste
Los movimientos también alcanzaron las direcciones regionales, cuyos titulares están expresamente incluidos entre los funcionarios mencionados por la Ley 311-14.
El general Julio César Acosta Félix dejó la Regional Noreste para asumir la Regional Nordeste, con asiento en María Trinidad Sánchez, mientras el general Orison L. Olivence Minaya fue designado en su lugar.
La declaración de Acosta Félix, presentada el 2 de marzo del 2026, lo identifica como director Regional Noreste y fue registrada como actualización por cambio de jurisdicción. En ella reportó un apartamento de 2,599,999.58 pesos, un vehículo Mitsubishi Montero IO de 830,000 pesos y una cuenta de ahorros con 2,472,975.40 pesos y otras con montos menores.
Olivence Minaya, quien ahora ocupará esa regional, tiene un registro patrimonial que lo identifica como director de Antipandilla, con fecha del 8 de junio del 2022. En ese documento reportó dos fincas por 2.1 millones y 6.8 millones de pesos, una camioneta Toyota de 1.7 millones de pesos y 55 cabezas de ganado valoradas en 3.9 millones de pesos.
Los que salieron de la jefatura
Los cambios de mando permiten observar la información patrimonial presentada por quien llegó a la jefatura y la de quienes dejaron esa posición.
Modesto Cruz Cruz estuvo seis meses al frente de la Policía antes de ser colocado en honrosa situación de retiro. Al asumir el cargo, presentó un documento en el que reportó tres inmuebles valorados en 47.1 millones de pesos, una cuenta con 3.6 millones de pesos y otras con montos menores, y una deuda hipotecaria cercana a 4 millones de pesos.
Su antecesor, el mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta, también pasó a retiro por disposición del presidente Luis Abinader y posteriormente fue designado asesor presidencial en materia policial.
En su declaración de cese, Guzmán Peralta registró un apartamento adquirido en el 2018 por 6,596,603.37 pesos; una finca valorada en 54,829,183.56 pesos; un solar de 1,688,830 pesos; una residencia de propiedad compartida valorada en 8,718,020.23 pesos y dos residencias adquiridas en el 2020 por 15,443,299.39 y 15,163,700.61 pesos.
Solo esos seis inmuebles suman más de 102.4 millones de pesos en los valores declarados, sin que esto signifique que ese monto represente necesariamente el patrimonio neto del exdirector, pues el propio documento también registra deudas y otros pasivos.
Entre sus bienes muebles aparece además una maquinaria pesada John Deere, del año 2021, valorada en 4,001,666.07 pesos.
Así también incluye actividad agropecuaria con cuatro caballos valorados en 30,000 pesos, 30 gallinas de guinea por 10,000 pesos, 14 chivos por 125,000 pesos y 32 ovejos por 480,000 pesos. Además, reportó una plantación de plátanos valorada en 3.7 millones de pesos y una producción de coco de agua valorada en 10.3 millones de pesos.
También reportó la participación en dos empresas: una del sector inmobiliario e inversiones, con 820 acciones, con un valor de 82,000 pesos, y otra tipificada como una distribuidora, con 40 acciones valoradas en 40,000 pesos.
