La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reveló nuevas irregularidades encontradas en el proceso de licitación pública del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para instalar la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
Entre ellas figura la contratación directa de la razón social Transcore Latam, S.R.L., lo que viola varios artículos de la Ley de Contrataciones Públicas y los principios de debido proceso y juridicidad.
Además, la violación al debido proceso en la emisión del certificado de apropiación presupuestaria por haber utilizado un documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant, en lugar del generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef).
La DGCP detalló que también el monto de la adjudicación y del contrato supera por 117,350,900 pesos al documento apropiado para la contratación, comprometiendo así los recursos del Estado más allá de lo previsto en el certificado.
Asimismo, se verificó que la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada por la razón social Transcore Latam, S.R.L. es inferior a la requerida en el pliego de condiciones, incumpliendo con el requisito de vigencia dispuesto.
Reitera nulidad de condiciones
En ese sentido, la entidad reiteró la nulidad del pliego de condiciones y del procedimiento de licitación pública tras valorar los resultados de la tercera investigación que se realiza y que confirma diversas irregularidades para las que procede la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no ciñeron su actuación a las normas del debido proceso en el marco de la licitación realizada.
“En consecuencia, es nula de pleno derecho la contratación directa realizada por el Intrant con la razón Transcore Latam, S.R.L., en cuanto a la prestación del servicio de recaudación de los 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue estipulado en el pliego de condiciones”, destaca el documento de la DGCP.
La resolución en cuestión se remitirá a varias instituciones y órganos de control para que, en el marco de sus competencias, realicen las investigaciones pertinentes sobre la emisión de facturas y sus comprobantes fiscales, emisión de línea de crédito aparentemente regular, conflicto de interés, comportamiento ético de los servidores públicos y prácticas anticompetitivas, entre otras cuestiones.
La DGCP también anunció que en la próxima semana dará a conocer la última resolución en torno al caso, en la cual establecerá el proceso sancionador que aplica contra la empresa adjudicataria.
