Los abogados del Estado dominicano presentaron ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la cuantificación de los daños materiales y morales ocasionados al Estado en el juicio de fondo que se sigue contra altos mandos militares y civiles, acusados de integrar una presunta red de presunta corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Durante sus conclusiones, los representantes del Estado solicitaron que sean condenados al pago de una indemnización superior a los 20 mil millones de pesos por los daños causados. Señalaron que supuestas las acciones atribuidas a los imputados dejaron a niños sin alimentos, atención y protección, además de provocar un daño moral al Estado dominicano y una «contaminación moral» de la autoridad presidencial.
Al presentar las conclusiones, José Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (Erpp), afirmó que el Cusep representa una extensión física y simbólica del presidente de la República, por lo que la desviación de sus recursos para fines privados produjo una grave afectación moral a la figura presidencial y a la institucionalidad del Estado. Ortiz añadió que estas acciones también generaron un descrédito internacional que lesionó la imagen de seguridad y confiabilidad del Estado dominicano, debido a que el Cusep es responsable de la protección de visitas oficiales de otros países.
Los abogados del Estado indicaron que los informes de la Cámara de Cuentas, junto al incremento patrimonial injustificado de los imputados, demuestran los daños materiales ocasionados, los cuales superan los 4,500 millones.
Asimismo, expusieron que el fraude cometido en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani) fue una de las «expresiones más crueles del entramado de corrupción», al afectar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Los imputados
Los representantes solicitaron al tribunal que, en caso de ser hallados culpables, se les apliquen las penas de prisión y sanciones establecidas en este proceso. Entre los imputados se encuentran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Boanerges Reyes Batista; Julio de los Santos Viola; así como el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También figuran como imputados Raúl Girón Jiménez; Rossy Guzmán, conocida como «la Pastora»; Kelman Santana; Pedro Castillo; Yehudy Guzmán; Tanner Flete; Erasmo Pérez; José Rosario; Jehohanan Rodríguez; Guillermo Torres; Esmeralda Ortega; Alejandro José Montero Cruz; Epifanio Peña Lebrón y Lucía de los Santos Viola. Además de Manuel Alba; Elida Trinidad; Enmanuel Alba; Raymel del Rosario; Onoris Soto; Eric Pereyra; Carlos Lantigua y Miguel Ventura.
