SANTO DOMINGO.– La primera dama, Raquel Arbaje, junto a sus hijas Graciela, Esther y Adriana, se han unido a más de mil firmantes en una carta abierta que rechaza la aprobación del nuevo Código Penal dominicano en su versión actual. Argumentan que el proyecto de ley, tal como está, representa «graves retrocesos» en materia de derechos humanos.
El documento, dirigido directamente al presidente Luis Abinader, fue suscrito por una amplia gama de sectores de la sociedad civil, incluyendo activistas, profesionales, académicos, periodistas, juristas y organizaciones sociales. La misiva exige un marco legal que garantice de forma efectiva la vida, la dignidad y la justicia, con especial énfasis en la protección de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
Principales preocupaciones detalladas en la carta
Entre las preocupaciones más destacadas, la carta señala:
- Tipificación limitada del feminicidio: Se denuncia que el Código Penal solo reconoce tres circunstancias para el feminicidio, dejando fuera numerosos casos de violencia letal contra mujeres y limitando la justicia para las víctimas.
- Barreras probatorias en violencia intrafamiliar: Los firmantes advierten que las disposiciones actuales crearían obstáculos probatorios que invisibilizarían agresiones graves, contradiciendo estándares internacionales de derechos humanos.
- Prescripción de delitos sexuales: El documento critica que la ley permitiría la prescripción de delitos sexuales, incluso en casos tan graves como incesto o violación de niñas, lo que, según los firmantes, favorecería el silencio y la impunidad.
- Exclusión de las Tres Causales del Aborto: La carta condena la exclusión absoluta de las tres causales mínimas para el aborto legal (riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación o incesto), una postura que, afirman, pone en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres y niñas en el país.
La carta abierta subraya que esta no es una simple reforma legislativa, sino una decisión trascendental que definirá el rumbo moral y social de la República Dominicana. El mensaje concluye con una clara exigencia: «Sí a una reforma del Código Penal, pero no a costa de los derechos fundamentales».
