Santo Domingo.– La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entra en vigencia este miércoles, tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación por el presidente Luis Abinader, el pasado 28 de julio, marcando un nuevo punto de partida para el sistema de compras del Estado.
Con la entrada en vigor de la normativa, el mandatario encabezará este mismo miércoles, en el Palacio Nacional, el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General, instrumento que operacionaliza la ley y define estándares, plazos y responsabilidades para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
A través de un comunicado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) explicó que el reglamento traduce los principios legales en procedimientos concretos, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme y efectiva del nuevo marco normativo.
Implementación gradual y acompañamiento institucional
La DGCP informó que, a partir de ahora, se inicia un proceso de implementación gradual, que incluye jornadas de capacitación y acompañamiento técnico a las unidades de compras de las instituciones públicas, con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley sin afectar la operatividad del sistema.
«El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario y ofrezca pasos claros a todos los actores del sistema», afirmó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas.
La entidad adelantó que este jueves emitirá una resolución que establecerá los próximos pasos institucionales para garantizar la correcta ejecución de la normativa.
Cambios clave del nuevo marco legal
La Ley 47-25 introduce transformaciones significativas en el régimen de compras públicas, entre ellas un impulso histórico a las Mipymes y las mipymes lideradas por mujeres, al elevar del 20 % al 30 % la reserva del presupuesto de compras.
Además, refuerza el Régimen de Consecuencias para prevenir y sancionar actos de corrupción, incorpora nuevas modalidades de contratación, establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y promueve la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de adquisición del Estado.
Con la entrada en vigor de esta ley, el país inicia una nueva etapa en la gestión de los recursos públicos, con reglas más claras, mayor control y un enfoque orientado a la transparencia y la inclusión productiva.
