WASHINGTON, EE. UU.– Una investigación de The Associated Press (AP) reveló un patrón de tácticas inusualmente agresivas y coordinadas en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, donde los solicitantes de asilo que acuden a audiencias rutinarias son inmediatamente detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sometidos a un proceso de deportación expedita. Estos procedimientos son parte de una reforma impulsada bajo la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump.
Los informes, basados en la observación de procedimientos en 21 ciudades y capturas de pantalla de mensajes de texto internos, sugieren que los juzgados se han convertido en una trampa para las deportaciones. La investigación puso al descubierto la estrecha coordinación entre los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes actúan como fiscales, y los agentes del ICE. Los abogados del gobierno envían actualizaciones casi en tiempo real a los agentes de ICE que esperan en los pasillos de los juzgados; en un caso, luego de que un abogado desestimó una solicitud de asilo, el agente respondió cuatro minutos después: «Lo tenemos», confirmando la detención.
Esta táctica implica que los abogados del DHS desestiman rápidamente las solicitudes, lo que hace que los inmigrantes sean elegibles para la deportación expedita. Muchos de los detenidos son hombres que acuden sin abogado y que, según el análisis de datos del Cato Institute, la mayoría no tienen antecedentes penales, a pesar de las afirmaciones del gobierno de perseguir a «lo peor de lo peor». Las detenciones ocurren a la vista de familiares, provocando escenas de separación familiar y vulnerando las expectativas fundamentales de justicia, dignidad e imparcialidad que deben regir un tribunal.
Estas agresivas tácticas coinciden con una profunda reestructuración y un debilitamiento de la independencia de los tribunales de inmigración. El gobierno de Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración en los últimos nueve meses, muchos de ellos contratados durante la administración anterior y que concedían asilo en porcentajes superiores a la media. Los jueces restantes están sujetos a un tablero de control con objetivos estrictos (mínimo de 700 casos resueltos al año), lo que obliga a tramitar expedientes a «toda velocidad», en un proceso que ha sido comparado con «decidir casos de pena de muerte en el entorno de un juzgado de tránsito”.
Las consecuencias de este sistema han sido significativas. La falta de independencia judicial ha obligado a los inmigrantes a recurrir a las cortes federales, presentando más de 3,000 peticiones de habeas corpus para solicitar su liberación desde mayo pasado. Además, el miedo generalizado ha provocado que las solicitudes judiciales para autodeportarse se hayan disparado, superando las 14,000 en los primeros ocho meses de 2025, una cifra mayor que el total de los últimos cinco años.
