El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este miércoles un intento de manipular la elección del próximo fiscal general para favorecer la continuidad de la actual titular, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Arévalo tiene la facultad de elegir al sucesor de Porras, quien finalizará su segundo período en mayo, de una lista de seis candidatos elaborada por una comisión que califica las postulaciones. Pese a los señalamientos contra Porras, que intentó impedir la posesión de Arévalo hace dos años, la fiscal avanzó a una nueva fase del proceso que definirá a los finalistas, ya que la comisión decidió dar más puntaje a los candidatos con mayor experiencia.
«Es un intento de manipular un sistema de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre, un mecanismo que confunde experiencia con permanencia (…), en el que los años pesan más que la integridad», criticó el mandatario socialdemócrata en rueda de prensa.
El comité de selección está integrado por la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, decanos de facultades de derecho y representantes gremiales de abogados y notarios.
Guatemala lleva a cabo un proceso para elegir este año a los miembros de instituciones clave del sistema de justicia como la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia legal del país. En paralelo a la reelección, Porras busca una magistratura en las altas cortes. Ya perdió una elección en la que una universidad pública escogió a dos de los diez magistrados constitucionales, pero podría volver a postularse a través de la Corte Suprema.
«Hay sectores de justicia que están activamente cooptados por personas» y «grupos políticos criminales», y el mecanismo de postulación «favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos (…). Es una burla», denunció Arévalo. Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, al considerarla «corrupta» y «antidemocrática» debido a las maniobras contra Arévalo y los procesos que lleva a cabo contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, muchos ahora en el exilio.
El mismo día que perdió la elección al tribunal constitucional, expertos de la ONU la vincularon con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, lo que ella rechazó.
