El Estado Dominicano reclama el pago de RD$13,440,467,992 millones en su constitución en actor civil en contra de detenidos en el caso Calamar, y otras personas que no figuran en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
En la instancia sostiene que el dinero reclamado es por concepto de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Dominicano y por los ilícitos penales cometidos en su contra por los querellados y las sociedades de comercio puesta en causa como civilmente responsables.
Los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), en la querella del 5 abril de 2022, solicitan condenar en la etapa de juicio, de manera solidaria a los imputados al pago de las costas a favor de los abogados que representan al Estado.
Los abogados Jorge Luis Polanco, Manuel Conde Cabrera, Sostenes Rodríguez Segura, Fabián Melo y Keyma Marra Martínez, dejaron bajo reservas de realizar querella con constitución en parte civil en contra de otras personas, físicas o jurídicas, de nacionalidad dominicana o extranjera, que resulten implicadas en ocasión de los hechos.
Oferta de testigos 29 personas, incluyendo acusados
Igualmente, ofrecieron como testigos a Juan Alexander Tapia Holguín, Adolfo Vicente Encarnación, Carlos Julio Montalvo Portes, José Andrés Familia, Bernardo Antonio Gregorio Silverio, Luis Joaquín Felipe Peña, Rafael Gómez Medina.
También Princesa Alexandra García Medina, quien según la acusación del ministerio público es una pieza clave en el entramado, Wilma Esmeralda Rosario de Mármol, Joaquín Ernesto Taveras Cabral, Víctor Antonio Collado Arias, Rolando Méndez Morillo, Beatriz Antonia Tejada Ramírez.
Igualmente, Gersy Mateo Medina, César Alberto Thomas Castillo, Juan Miguel Andrés Flaquer, Príamo Jiménez Toribio, Hortensia Arelis Santiago Mercado de Mora, Ruddy Nelson Frías Ángeles, Licelot Saldaña, Martin Soriano Acosta, Felix Iván Morla, Yajaira Brito Encarnación, quien está acusada en el caso de corrupción junto a su esposo Ramón David Hernández, por robo de identidad y falsificación.
También figuran como testigos Lorenzo Rafael Collado Taveras y Santos Reyes, Juan de Dios Morel de Jesus, Carlos Francisco Báez Batista, Bolivar Antonio Ventura Rodríguez e Isidro Antonio Lazala.
Los abogados del Estado representan al Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General de Catastro Nacional, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Instituto Agrario Dominicano (IAD), Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, en su condición de Continuador Jurídico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
En la instancia de constitución en actor civil figuran como demandados Ángel Donald uerrero Ortiz, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luis Miguel Piccirilo Mc Cabe, Claudio Silver Peña Peña, Emilio Olivio Toribio, Gonzalo Castillo Terrero.
También Ramón David Hernández, Ramón Emilio Jiménez Collie, José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, Efraím Santiago Báez Fajardo.
Igualmente, a los cómplices Simón Lizardo Mezquita, Andrés Guerrero, Ramón Nicolás Jiménez Díaz, Pedro María de la Altagracia Veras, Marcos Antonio Martínez Hernández, Álvaro Jiménez, José Alexis Robles y Oscar Ramón Ortiz.
También a los terceros civilmente responsables, los sucesores de Emilio José Rivas Martínez, Bethania Altagracia Rivas Martínez, Emilio Manuel Rivas Nepomuceno, Domingo Enrique Martínez Reyes, Oficina de Abogados Alexis Robles SRL, Grupo Amerinova SRL, Tenedora Catania Corp, SRL; Vectra Consulting SRL y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal SRL.
