El 64 % de la población chilena desaprueba la gestión del Gobierno del presidente José Antonio Kast, marcada por emergencias climáticas, desempleo y bajo crecimiento en Chile, según una encuesta publicada este domingo por Agenda Criteria.
Los índices son similares a los divulgados esta semana por la encuestadora Cadem, que ubican la aprobación del mandatario entre el 27 % y 32 %, ante un grupo de menos del 10 % que expresó no saber.
Kast, quien inició su actual Administración el pasado 11 de marzo, llegó al poder con una aprobación de cerca del 57 % en tanto que menos del 30 % lo desaprobaba.
Durante sus siete meses de gestión, el panorama económico de Chile también cayó en indicadores que muestran una proyección de crecimiento para 2026 en un rango de entre 0,25 % y 0,75 %, según el Banco Central.
La tasa de desempleo, por otra parte, alcanzó un 9,6 % en el trimestre junio-agosto, su máximo en cinco años, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En medio de este escenario marcado por la contracción productiva, el país ha sido atravesado por una crisis climática debido a una serie de temporales, influidos por el fenómeno de El Niño, que han ocasionado desastres naturales en 10 de las 16 regiones de Chile.
El sondeo, realizado con un panel online de 802 casos entre los días 8 y 9 de octubre, identifica que solo para el 18 % de los encuestados la gestión del Gobierno ha superado sus expectativas, mientras que para el 82 % ha estado por debajo de lo que esperaban.
Con una Ley de Presupuesto para 2027 ya ingresada en el Congreso y próxima a discutirse en una semana, la mayoría de los chilenos considera que el Estado gasta sus recursos de forma «más bien ineficiente», postura respaldada por el 58 % de los consultados.
El proyecto de Kast contempla recortes en el gasto público que han generado rechazo y algunas manifestaciones. Sin embargo, según la encuesta, el 52 % afirmó estar de acuerdo con disminuir el número de funcionarios públicos.
Los chilenos, no obstante, están menos conformes con la idea de que la reducción implique sacrificar programas sociales ya anunciados por el Ejecutivo, opción respaldada únicamente por el 19 % de los encuestados. Apenas un 8 % se mostró abierto a la disminución de bonos y subsidios estatales.
