El gobierno de Donald Trump puso en pausa las citas para visas de inmigrante de solicitantes de todo el mundo, en medio del endurecimiento de las restricciones migratorias para evitar el ingreso de personas que puedan llegar a convertirse en una carga pública, según informaron medios estadounidense que citan a funcionarios relacionados con el tema.
De acuerdo con The Guardian, el Departamento de Estado lanzó esta iniciativa a principios de agosto en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, por lo que las citas para visas tuvieron que ser ajustadas para permitir una «capacitación exhaustiva» de los funcionarios consulares.
La fuente explicó que, desde principios de este año, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, ha estado trabajando en nuevas directrices y programas de capacitación con el objetivo de que los funcionarios estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de manera integral y consistente..
La medida salió a la luz después de que varios solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieran correos electrónicos en los que se les informaba que sus citas habían sido canceladas y que posteriormente se les comunicaría una nueva fecha y hora.
Los funcionarios justifican la medida bajo el argumento de que permitirá garantizar que los solicitantes de visas de inmigrante no dependan de los beneficios públicos que ofrece Estados Unidos.
Las visas de inmigrante permiten a extranjeros solicitar el ingreso a Estados Unidos con la intención de establecerse de manera permanente en el país.
La pausa se enmarca en la serie de medidas adoptadas por la administración Trump para endurecer los controles migratorios, tanto sobre la inmigración legal como sobre quienes ingresan o permanecen en el país por vías irregulares.
La decisión ocurre además pocos días después de que un juez federal anulara una política anterior que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.
La pausa afecta los procesos relacionados con las visas de inmigrante, incluidas aquellas destinadas a personas que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. No supone, sin embargo, una suspensión general de todos los servicios de visas.
Las visas de no inmigrante, como las utilizadas para turismo o negocios, no están incluidas en esta medida.
Revocación de visas a solicitantes de asilo En ese sentido, la medida sigue a los planes del gobierno republicano de revocar las visas de paseo (B1/B2) para aquellas personas que solicitaron la visa después de ingresar al país por turismo o negocios.
De concretarse, la medida podría afectar a unas 200,000 personas que actualmente tienen solicitudes de asilo pendientes y se convertiría en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.
Esta medida se está implementando en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
Lo que también se suma a un mayor escrutinio a la hora de solicitar visados, como la revisión del historial en redes sociales, además de costes adicionales para su tramitación, como el programa piloto para cobrar fianza a los solicitantes de visa de residencia y cuyo primer país de ejecución fue República Dominicana.
El gobierno de Trump también ha revocado visas por diversos motivos bajo el argumento de que una visa es «un privilegio, no un derecho».
A comienzos de agosto, el Departamento de Estado informó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, alrededor de 175,000 extranjeros habían perdido sus visas por razones que incluyen actividades delictivas, infracciones a las leyes estadounidenses, como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, y expresiones relacionadas con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Dentro de esas también hay 600 visas relacionadas con casos de turismo de parto dentro de una operación desarrollada a nivel mundial.
La fianza para solicitantes de residencia A principios de agosto, República Dominicana se convirtió en el primer país donde Estados Unidos puso en marcha un programa que exige fianzas a determinados solicitantes de visas de inmigrante que, a juicio de los funcionarios consulares, representan un riesgo de convertirse en una carga pública.
La fianza no se aplicará a todos los inmigrantes, sino únicamente a aquellos solicitantes que, durante la evaluación de su caso, sean considerados con un riesgo elevado de depender de beneficios públicos en Estados Unidos.
De acuerdo con el anuncio oficial, será el funcionario consular quien determine, caso por caso, si corresponde exigir el pago de una fianza.
El monto de la fianza no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, algunos medios estadounidenses han informado que podría ascender a 100,000 e incluso 250,000 dólares, dependiendo del nivel de riesgo determinado en cada caso.
