Santo Domingo.– La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un arancel de 12.5 % a determinados productos procedentes de República Dominicana, como parte de una nueva política comercial dirigida a países que, según Washington, no han realizado esfuerzos suficientes para combatir el trabajo forzoso en sus cadenas de producción.
La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. El nuevo gravamen entrará en vigor este viernes y forma parte de un paquete que afecta a 60 países.
En el caso de República Dominicana, el arancel será de 12.5 %, aunque los productos textiles quedaron excluidos de la disposición.
Según el Gobierno estadounidense, las investigaciones iniciadas en marzo concluyeron que las políticas implementadas por los países señalados para prevenir la producción y exportación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso son insuficientes y generan condiciones de competencia desleal para los trabajadores y empresas de Estados Unidos.
Los nuevos aranceles, que oscilan entre 10 % y 12.5 % según el país, sustituirán el arancel global temporal del 10 %, cuya vigencia concluye este viernes, y representan una nueva etapa de la política comercial impulsada por la Administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Países de América Latina afectados
Dentro de América Latina, México, Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12.5 %.
La medida también alcanza a las 27 economías de la Unión Europea, además de India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido, aunque en algunos casos las tasas variarán según el tipo de producto.
Por su parte, China no fue incluida en esta nueva disposición debido a que ya se encuentra bajo un régimen de aranceles específicos con tasas superiores.
La Administración estadounidense sostiene que esta política busca fortalecer la lucha contra el trabajo forzoso, proteger a los trabajadores estadounidenses y promover condiciones de competencia más equitativas en el comercio internacional.
