LA ROMANA, R.D. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en un operativo conjunto con las autoridades competentes, ha desmantelado un millonario fraude eléctrico en dos establecimientos comerciales de La Romana. Las manipulaciones detectadas en los sistemas de medición de ambos negocios generaban pérdidas anuales superiores a los RD$2.7 millones para la institución.
Durante la inspección, los técnicos de Edeeste descubrieron que el Hotel Silvestre presentaba una alteración directa en su sistema de medición. Esta manipulación provocaba una pérdida estimada de 100,710 kWh al año, lo que se traduce en un perjuicio económico de RD$2,248,993.38.
De manera similar, el Beto Súper Colmado fue intervenido, detectándose una manipulación en su instalación eléctrica que resultaba en una pérdida anual de 36,782 kWh, valorada en RD$503,482.99.
Negocios con alto consumo y cero tolerancia al fraude
Edeeste informó que ambos negocios operaban con equipos de alto consumo energético, como aires acondicionados industriales, freezers y cuartos fríos, sin que su consumo real fuera debidamente registrado. Esto, según la distribuidora, evidencia una intención deliberada de evadir el pago justo por el servicio eléctrico.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional de cero tolerancia al fraude eléctrico, impulsada por Edeeste para garantizar un servicio justo, transparente y sostenible para todos los usuarios. El fraude eléctrico en grandes consumidores no solo afecta financieramente al sistema, sino que también sobrecarga la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Las autoridades han anunciado que los operativos de fiscalización continuarán en toda la zona de concesión de Edeeste, con el respaldo de los organismos reguladores y judiciales. La institución reafirma su compromiso de proteger los recursos del sistema eléctrico nacional y sancionar a quienes lo vulneren, ya que este tipo de acciones ilegales debilita la sostenibilidad del servicio y limita las inversiones necesarias en infraestructura para el desarrollo del país.
