Diputados oficialistas de México votaron este martes una ley que sanciona con hasta ocho años de cárcel el comercio de vapeadores, iniciativa que aún debe avalar el Senado y que, según opositores, también criminaliza a los usuarios.
Las reformas a la ley general de salud reunieron 324 votos a favor y 129 en contra en medio de un acalorado debate en el que un legislador subió a la tribuna con un vapeador.
«Este (el vapeador) lo voy a tirar porque no vaya a ser que con esta ley tan confusa me quieran meter a la cárcel», dijo Andrés Cantú, del opositor PRI, al señalar que llevar droga, en cambio, no sería un delito.
El partido oficialista Morena buscó suavizar el texto con una modificación según la cual irían a la cárcel solo «quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro», pero los críticos lo consideraron insuficiente.
Cantú sostuvo que la «ambigüedad» de la norma conduciría a abusos. Un policía «podrá decir: ‘ese joven trae un vape y lo puede comercializar’. Eso es suficiente para detener, molestar o extorsionar».
En defensa de la reforma, que se suma a una serie de prohibiciones a los cigarrillos electrónicos que han tenido poco efecto, Morena y sus aliados sostuvieron que buscan proteger principalmente la salud de los jóvenes, los principales usuarios.
Los vacíos legales han permitido lanzar «estrategias comerciales dirigidas a niños y adolescentes, con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad» cuando son un «riesgo grave para la salud», dijo el legislador oficialista Pedro Zenteno, uno de los principales promotores de la reforma.
Distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, han prohibido estos aditamentos para el consumo de nicotina. De aprobarse esta ley en el Senado, México se uniría a un puñado de naciones que contemplan sanciones por la vía penal.
Los usuarios de vapeadores pasaron de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, según una encuesta oficial sobre tabaquismo de 2023.
