La diputada por la provincia Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer las garantías de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la crítica ciudadana, mediante modificaciones a varios artículos del nuevo Código Penal dominicano.
La iniciativa, depositada el 10 de junio de 2026, complementa un proyecto sometido por la legisladora el pasado 6 de mayo sobre Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de la Censura Previa, conformando una agenda legislativa orientada a impedir que opiniones, denuncias, críticas o trabajos periodísticos puedan ser objeto de sanciones penales.
Según explicó Pérez, las propuestas buscan corregir disposiciones contenidas en la Ley núm. 74-25 que, a su juicio, podrían afectar derechos fundamentales protegidos por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, expresó la legisladora.
Principales modificaciones propuestas
Entre los cambios planteados destaca la eliminación de penas de prisión para los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y mecanismos de reparación proporcional. Además, se incorpora el requisito de demostrar intención dolosa cuando las expresiones estén relacionadas con funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público.
La propuesta también elimina el delito de ultraje a funcionarios públicos cuando se trate de expresiones, críticas o reclamos ciudadanos, manteniendo únicamente sanciones para amenazas graves, reales y verificables.
Asimismo, las modificaciones redefinen los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying, exigiendo que exista una conducta reiterada, grave y con daños comprobables, excluyendo expresamente opiniones, sátiras, denuncias y debates sobre temas de interés público.
En cuanto a la extorsión y las amenazas, la iniciativa mantiene sanciones severas para quienes utilicen mecanismos de chantaje, redes coordinadas o cuentas falsas para afectar a terceros, así como para amenazas vinculadas a violencia o actividades criminales.
Defensa de la libertad y seguridad jurídica
Pérez sostuvo que el objetivo no es debilitar el Código Penal, sino fortalecerlo para evitar posibles conflictos constitucionales una vez entre en vigencia.
“No vinimos a tumbar el Código Penal; vinimos a blindarlo antes de que entre en vigencia con un talón de Aquiles constitucional. Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana”, afirmó.
La congresista recordó que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han recomendado eliminar las penas privativas de libertad para delitos relacionados con la expresión.
Junto al proyecto fue depositada una matriz comparativa que detalla los artículos objeto de modificación, la redacción propuesta y sus fundamentos jurídicos, documento que será compartido con legisladores, gremios periodísticos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
“Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos. El país necesita reglas claras: cárcel para quien amenaza, chantajea o acosa de verdad; garantías para quien opina, denuncia, fiscaliza o informa”, concluyó la diputada.
Llamado a la acción: La legisladora invitó a juristas, comunicadores, organizaciones sociales y ciudadanos a participar del debate sobre las reformas, con el objetivo de construir un marco legal que fortalezca tanto la protección de las víctimas como las libertades fundamentales.
