Santo Domingo Oeste.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, imputada por la muerte de su hija de 10 años en un hecho ocurrido el pasado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, de Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, para que reciba atención médica especializada durante el proceso judicial.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogiera la solicitud presentada por los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes solicitaron la prisión preventiva como medida de coerción.
Durante la audiencia, el abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde el año 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento en que ocurrieron los hechos.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, al tiempo que exhortó a la población a prestar mayor atención a la salud mental. Asimismo, valoró que el tribunal ordenara que la imputada permanezca en un centro con atención médica especializada mientras continúa el proceso.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la mujer presuntamente atacó a la menor dentro de una habitación de la vivienda familiar, ubicada en la calle Deni Moreta, utilizando una pulidora eléctrica, lo que le ocasionó una herida mortal en el cuello.
Según la acusación, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, hermano de la imputada, escuchó los gritos y al ingresar a la habitación encontró a la mujer presuntamente agrediendo a la niña. El hombre intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, en Manoguayabo, donde fue declarada sin signos vitales.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional arrestaron a la sargento en flagrancia. El Ministerio Público calificó de manera provisional los hechos como una presunta violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, mientras continúan las investigaciones.
Entre las evidencias recopiladas por la Policía Científica figuran el equipo que, según la acusación, fue utilizado durante el hecho, el acta de levantamiento del cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y los testimonios de familiares y agentes que participaron en la investigación.
