Por Ana Inoa
Periodista y estratega de comunicación
Durante años, frente a la violencia de género, hemos repetido una recomendación que parece sencilla: denunciar. Pero denunciar, aunque puede ser el primer paso, no significa necesariamente que el miedo termine. En muchos casos ocurre lo contrario.
La mujer rompe el silencio, identifica a su agresor y, al salir de la fiscalía, comienzan nuevas preguntas: ¿dónde dormirá?, ¿quién cuidará a sus hijos?, ¿cómo continuará trabajando?, ¿qué ocurrirá si el hombre al que acaba de denunciar decide buscarla?
Ese fue precisamente el punto de partida de nuestro reportaje especial “Después de la denuncia: ¿quién la protege?”. No quisimos detenernos únicamente en el momento de la agresión ni en la cantidad de denuncias que recibe el sistema. Buscamos ir más allá: comprender qué ocurre en la mente de una víctima, cómo puede normalizarse la violencia, por qué a veces pasan años antes de reconocerla y qué respuestas encuentra una mujer cuando finalmente decide pedir ayuda.
Una de las historias que conocimos resume la complejidad del problema. Durante 25 años, una mujer soportó violencia física, verbal, humillaciones y miedo. Durante mucho tiempo pensó que permanecer era una manera de proteger a sus hijos, conservar su hogar o mantener una relación que todavía interpretaba como amor.
Su experiencia confirma algo que los especialistas advierten desde hace años: la violencia rara vez comienza con el primer golpe. Puede iniciar con aislamiento, control, celos, descalificaciones, dependencia económica o emocional y una pérdida progresiva de la autoestima. Cuando aparece la agresión física, muchas veces existe detrás una historia prolongada de violencia psicológica.
Los registros oficiales también permiten dimensionar el problema. Entre enero y junio de 2025, la Procuraduría General de la República registró 31,908 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, mientras que durante ese mismo período fueron emitidas 18,387 órdenes de protección.
Las cifras recuerdan además que una parte importante de la violencia no deja marcas visibles. Las amenazas, humillaciones, intimidaciones y agresiones psicológicas también producen consecuencias profundas.
Ahí está uno de los grandes desafíos: entender la violencia de género también como un problema de salud pública.
Una mujer puede abandonar el lugar donde sufrió las agresiones y continuar viviendo con ansiedad, miedo, insomnio, tristeza, pérdida de autoestima o una sensación permanente de peligro. Incluso puede regresar con su agresor, no necesariamente porque acepte la violencia, sino porque existen dependencia económica o emocional, hijos de por medio, aislamiento, temor, esperanza de que la situación cambie o simplemente ausencia de una red que le permita comenzar de nuevo.
Por eso resulta tan dañina una pregunta que todavía escuchamos con frecuencia: “¿Por qué no te fuiste antes?”
Una sociedad que realmente quiera ayudar debería sustituirla por otras preguntas: ¿qué le impedía salir?, ¿quién estuvo disponible cuando pidió ayuda?, ¿qué recursos tenía para reconstruir su vida?
La violencia tampoco queda encerrada entre dos adultos. Niños y niñas escuchan discusiones que creemos que no oyen. Observan relaciones de poder, interiorizan comportamientos y pueden llegar a reproducirlos posteriormente.
La prevención, por tanto, debe comenzar también en la familia y en la escuela. Educar en respeto, límites, manejo pacífico de los conflictos y relaciones saludables puede convertirse en una herramienta fundamental para romper ciclos de violencia.
El sistema institucional tiene igualmente una responsabilidad decisiva. Las Casas de Acogida, las líneas de emergencia, la asistencia jurídica, la atención psicológica y las órdenes de protección son mecanismos indispensables.
Pero proteger no puede significar únicamente colocar temporalmente a una mujer lejos de su agresor.
La protección verdadera comienza cuando esa mujer puede mantener la separación. Cuando tiene seguridad, ingresos, vivienda, acompañamiento psicológico, educación para sus hijos, asesoría legal y una red de apoyo que no desaparece cuando termina la emergencia.
También debemos revisar nuestro comportamiento como sociedad.
Las familias que juzgan, las instituciones que obligan a una víctima a repetir una y otra vez su historia y los medios de comunicación que convierten la tragedia en espectáculo pueden terminar revictimizando a quien finalmente reunió fuerzas para hablar.
El periodismo tiene aquí una responsabilidad especial. Informar sobre violencia de género no debe reducirse a contar un feminicidio después de ocurrido. También implica explicar señales de alerta, mostrar las rutas disponibles para pedir ayuda, identificar fallas institucionales y ofrecer información capaz de prevenir.
Después de escuchar a víctimas y especialistas, una idea queda especialmente clara: la denuncia no puede convertirse en el final de la responsabilidad del sistema frente a la seguridad de una mujer. Debe ser el comienzo.
Necesitamos una respuesta que combine prevención, salud mental, protección efectiva, justicia, autonomía económica y educación.
Una ley, una orden judicial o una línea telefónica pueden ser herramientas importantes. Pero solo adquieren verdadero valor cuando funcionan en el momento exacto en que una persona las necesita.
Nuestra entrevistada tardó 25 años en comprender algo que hoy expresa con absoluta claridad:
“Eso no es amor. Eso es maltrato. El amor no lastima”.
Quizás ese sea también el mensaje que necesitamos asumir como sociedad.
Amar no es controlar. No es humillar. No es golpear. No es provocar miedo.
Y proteger a una víctima no consiste únicamente en decirle que denuncie.
Se trata de estar presentes antes, durante y después.
